Cataluña

Los Centros Especiales de Trabajo reclaman más dinero para pagar el salario mínimo

  • 2 de cada 3 personas con discapacidad ni trabajan ni buscan trabajo
  • Los CET son los trampolines para incluir a estas personas en empresas ordinarias
  • No todas las empresas cumplen la cuota mínima de contratación del 2%
Persona con Síndrome de Down integrada en el mercado laboral / iStock
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Los Centros Especiales de Trabajo dan formación, asesoramiento y empleo a las personas con diversidad funcional, y reciben ayudas públicas por ello, pero la subida del salario mínimo desde el 1 de enero les ha aumentado los costes pero no los ingresos. Por ello, los CET reclaman a las administraciones más dinero para poder hacer frente a este incremento salarial, así como para atender a la mayor demanda que hace tiempo que arrastran.

En Catalunya -igual que en España- existe una brecha laboral entre las personas que tienen una discapacidad y las que no la tienen. Concretamente, la tasa de actividad de la población no discapacitada es 45 puntos porcentuales superior, del 81,7 por ciento. ¿Por qué 2 de cada 3 personas con discapacidad ni trabajan ni buscan trabajo?

"Lo consideran una guerra perdida. Ya no se arriesgan", afirma Rosa Cadenas, presidenta de DINCAT, que aglutina más de 300 entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de la discapacidad intelectual en Catalunya.

Explica que el mundo de la discapacidad genera "rechazo, una barrera cuando no se conoce. Cuando ves a una persona que no hace las cosas igual que tú, no te acercas, no piensas en ellos". Cadenas explica así la reticencia de las empresas a contratar personas con discapacidad: "Hasta que no lo prueban, hasta que no conocen de otras experiencias positivas, no se atreven". Así pues, la tasa de actividad es inferior porque "no tienen oportunidades a optar a un trabajo. No hay tantos lugares que ofrezcan trabajo para personas con discapacidad", sentencia Cadenas.

Las personas con discapacidad suelen trabajar en empresas de trabajo protegido, los llamados CET (Centros Especiales de Trabajo). Pueden tener ánimo de lucro o ser sin ánimo de lucro. En ambos casos son empresas, con la diferencia de que las segundas destinan sus beneficios a reinvertirlos en esta causa de integración laboral de los discapacitados. Los CET cuentan con unas infraestructuras especializadas de apoyo, como psicólogos o asistentes sociales, para facilitar la adaptación al puesto de trabajo.

En función del tipo de discapacidad, cada persona necesitará más o menos soporte. Pero no solo eso: también emprenden acciones culturales y de ocio, para que la integración no solamente sea laboral, sino también social. "Este es el valor añadido de los CET", afirma Albert Campabadal, vicepresidente de la Asociación Catalana de Centros Especiales de Trabajo de Iniciativa Privada.

Las tareas a las que habitualmente se dedican las personas con diversidad funcional son las de servicio y manipulado: rutinas sencillas con las que se debe tener precisión, pero que no resultan complejas. Según Alejandro Fernández, consejero delegado de la división de Servicios de Ilunion -del grupo Once-, el trabajo adecuado depende de la funcionalidad del trabajador, del grado de su discapacidad y de su formación; de este modo, el trabajador puede encajar mejor en un proyecto empresarial u otro.

Fernández cita como ejemplos lavanderías industriales, el sector hotelero, el sector turístico, los servicios de seguridad, mantenimiento, o la atención al cliente y al ciudadano -Ilunion ofrece trabajo muy diversificado sectorialmente-. En Catalunya, concretamente, ofrece trabajo a unas 4.000 personas con discapacidad. En Barcelona, por ejemplo, tienen cuatro hoteles.

Por ley, los CET tienen derecho a recibir una subvención en concepto del 50 por ciento del salario mínimo interprofesional para cada uno de los trabajadores, así como una bonificación del cien por cien de la Seguridad Social y una subvención de equipos de acompañamiento en la inserción laboral. Por otro lado, también es preceptivo legalmente que las empresas con más de 50 trabajadores contraten, como mínimo, un 2 por ciento de personas discapacitadas en relación al total de su plantilla.

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