Barcelona
Las alegaciones de Acciona y sus aliados en el consorcio que se adjudicó la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) en 2012 hacen prever una dura pugna con la Generalitat de Cataluña por la liquidación del contrato que devolverá la gestión a manos de la administración catalana.
Después de que los tribunales hayan obligado al Ejecutivo de Quim Torra a revisar la indemnización que está dispuesto a pagar por la liquidación del contrato -ha pasado de exigir 38,4 millones de euros a la concesionaria a ofrecer un pago de 53,8 millones-, ATLL sigue viendo la segunda propuesta como "claramente fraudulenta" y confiscatoria.
En el escrito de alegaciones, la concesionaria ATLL argumenta que la segunda propuesta de liquidación "carece del más mínimo sentido jurídico o económico" y solo añade "cambios meramente cosméticos", de forma que vulnera la ley de contratos del sector público, así como los pliegos del concurso que regulaba la concesión y el contrato que firmaron en el momento de la adjudicación.
Según ATLL, el pago mínimo por la liquidación del contrato debe ser de 305,2 millones, a los que suma una indemnización por daños y perjuicios que eleva la factura a 1.036,7 millones. Por ello, pide suspender el procedimiento de liquidación hasta que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre medidas cautelares solicitadas al respecto, y también reclama realizar un nuevo cálculo de indemnización que cumpla la ley.
El fondo Pioneer Point Partners, aliado de Acciona en el consorcio ATLL, expuso ayer en un comunicado que la Generalitat está intentando renacionalizar ATLL de manera "injusta, ilegal e incluso fraudulenta", y que ello supone una "gran estrechez de miras" si Cataluña quiere convertirse en un "Estado europeo respetable", ya que dañará su reputación internacional a largo plazo como lugar en el que hacer negocios.
