El sector público catalán está inmerso en una explosión de reivindicaciones laborales sin precedentes, con movilizaciones en todos los ámbitos debido a la eternización de los recortes salariales y de condiciones laborales que se implantaron al amparo de la crisis económica y de la obligación de recortar el déficit público.
La austeridad se implantó en todas las Administraciones, pero la Generalitat de Cataluña es la única en la que los trabajadores que cobran de las arcas autonómicas -funcionarios, personal de empresas públicas y trabajadores de sectores concertados como la educación- todavía esperan el retorno de las pagas extras recortadas hace años con la promesa de su pago cuando mejorase la situación económica.
Sin embargo, la recuperación de la economía no ha traído la devolución de los ingresos salariales ni de otras medidas de contención del gasto que han tensionado las plantillas por directrices como las de no cubrir bajas ni jubilaciones, mientras los servicios públicos se resienten por falta de recursos. Y eso que el Govern saca pecho esgrimiendo que la economía catalana crece a mayor ritmo que la media estatal y la de la Unión Europea, aunque también se está desacelerando.
Un factor condicionante clave ha sido el contexto político, marcado por la hoja de ruta independentista y que ha llevado a legislaturas cortas, varias prórrogas presupuestarias -que suponen la imposibilidad de aumentar gastos porque se mantiene el techo del presupuesto anterior- y pocas iniciativas legislativas y ejecutivas para mejorar el día a día. Además, las que ha habido se han visto frenadas por la falta de disponibilidad presupuestaria, en la que se ha primado la construcción de estructuras de Estado para avanzar hacia la república catalana. Hay que tener en cuenta que Cataluña ha vivido elecciones autonómicas casi cada dos años desde 2010: Tras los comicios del 28 de noviembre de 2010 vinieron los de noviembre de 2012, septiembre de 2015 y diciembre de 2017, y las discrepancias entre JuntsxCat y ERC en el Gobierno catalán actual hacen plausible una nueva cita con las urnas en 2019, ya que han forzado su unidad solo hasta que haya sentencia de la causa judicial del procés.
Tampoco hay buenas perspectivas para que los Presupuestos de la Generalitat para 2019 -cuyo proyecto está todavía pendiente de presentar- logren apoyos suficientes para salir adelante. El Govern prevé incrementar el gasto público en 1.600 millones de euros y mejorar los ingresos en 2.700 millones en 2019, gracias sobre todo al modelo de financiación autonómica y al progresivo aumento de la recaudación en el IVA y el IRPF debido al dinamismo de la economía. Pero ni siquiera en ese escenario optimista contempla cumplir sus compromisos pendientes con los sindicatos de la Función Pública, y los empleados públicos han dicho basta. La gota que ha colmado el vaso ha sido la propuesta del Ejecutivo de Joaquim Torra de devolver a plazos hasta 2026 -con la condición de que sean aprobados los presupuestos anuales- las pagas extras recortadas en 2013 y 2014 y otras retribuciones, incumpliendo acuerdos del año pasado entre el propio Govern y los sindicatos, además de varias resoluciones del Parlament. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, calificaron esta propuesta de "insultante" y de "desprecio a los trabajadores públicos", y han convocado una huelga el 12 de diciembre en todos los servicios públicos y concertados de la Generalitat, así como en las universidades públicas, lo que suma unos 250.000 trabajadores. Mientras, el Govern calla.
Exigen recuperar este año un mínimo del 10% de la paga de 2013
Exigen recuperar este año un mínimo del 10% de la paga de 2013 -a lo que el Govern se comprometió por escrito en julio de 2017-, cumplir con la última resolución del Parlament -de octubre- para devolver en dos años -hasta 2020- la totalidad de las pagas de 2013 y 2014, y fijar un calendario de retorno del resto de derechos y retribuciones anulados desde 2010. Los sindicatos reprochan que la Generalitat se escude en el techo de gasto fijado desde el Estado para incumplir lo acordado, ya que recuerdan que los votos del PDeCAT y ERC -que se abstuvieron- contribuyeron a que no saliese adelante la votación del Congreso de los Diputados para elevar el techo de gasto para los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Según los cálculos de la Generalitat, devolver las pagas extras de 2013 y 2014 requiere unos 1.000 millones de euros.
El secretario de Política Institucional y Programas de la Federacón de Servicios Públicos de UGT de Catalunya, Carles Villalante, argumenta que todas las comunidades autónomas tienen techo de gasto y todos los ayuntamientos obligación de déficit cero, pero la Generalitat de Cataluña "es la única Administración que todavía no ha devuelto las retribuciones recortadas a sus trabajadores". En declaraciones a elEconomista, agrega que los gobiernos de Artur Mas -como presidente- y Andreu Mas-Colell -como conseller de Economía- aplicaron los recortes comunes a todas las Adminitraciones "y más", y ahora el resto ya han alcanzado acuerdos que van "más allá de lo que se recortó".
