Barcelona
El Govern empieza esta semana una ronda de contactos con los partidos de la oposición con el objetivo de encontrar apoyos para aprobar los Presupuestos de la Generalitat para 2019.
El Ejecutivo catalán se encuentra en una situación de precaria minoría parlamentaria, especialmente después que JxCat se negara a sustituir a los diputados procesados por rebelión por el Tribunal Supremo por su implicación en el 1-O.
Actualmente, el Gabinete liderado por el president Joaquim Torra no cuenta con mayoría ni sumando a sus antiguos aliados de la CUP, que ya anunciaron que no aprobarán unos Presupuestos que consideran "autonomistas", por lo que el Govern ha intentado durante las últimas semanas acercarse a CatComú-Podem para lograr recabar suficientes apoyos.
Con todo, el vicepresidente catalán y conseller de Economía, Pere Aragonès, tendrá que esforzarse y mucho para conseguir pactar las Cuentas autonómicas con los comunes, que se encuentran bastante alejados de un acuerdo. Por un lado, la coalición de izquierdas ha vinculado durante las últimas semanas el aval de PDeCat y ERC a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) -pactados por Unidos Podemos con el Gobierno- a un eventual apoyo de los comunes a las Cuentas autonómicas. En este sentido, la negativa de los independentistas a secundar los PGE en el Congreso ha enfriado la posibilidad de un voto afirmativo de CatComú-Podem en el Parlament.
Tampoco ha contribuido a la concordia el recorte del 30 por ciento previsto por parte del Govern en sus aportaciones al Consorcio de la Vivienda de Barcelona, que deja al Ayuntamiento liderado por Ada Colau (coordinadora general de CatComú) con 2,9 millones de euros menos para dedicar a su política estrella este 2018.
Mayor desembolso
Teniendo en cuenta estos antecedentes, Aragonès está diseñando unos Presupuestos autonómicos que pueda vender como sociales a los comunes. De entrada, la Generalitat calcula que podrá incrementar el gasto en 1.600 millones de euros, sobre el desembolso de más de 31.000 millones que se introdujo en las Cuentas de 2017.
No obstante, fuentes del Departamento de Economía indicaron a elEconomista que una parte de estos gastos deberá destinarse a pagar partidas que ya se están desplegando, como el abono de las nóminas por el incremento en la plantilla de docentes iniciado en 2017 o los recursos destinados a la Renta Garantizada de Ciudadanía (un subsidio a las familias más desfavorecidas) que se aprobó en la pasada legislatura.
Este aumento del gasto también deberá utilizarse para compensar el incremento de los salarios de los funcionarios de la Generalitat (decretado por el Gobierno para todos los trabajadores públicos españoles), pero no así para la devolución de las pagas extras de 2013 y 2014 todavía pendientes de cobrar, que puede demorarse ocho años. Como "gesto" en política social, el Govern también planteará recuperar los recursos dedicados a financiar la educación de los niños de cero a tres años.
Por otro lado, las mismas fuentes recordaron que la regla de gasto que opera a nivel español no permite a la Generalitat incrementar su desembolso en una proporción superior al 2,7 por ciento anual. Esta regla es, actualmente, el instrumento que más reprime el incremento del gasto de la Administración autonómica, una vez que se da por controlado el déficit público, que durante los últimos años ha sido el elemento que más ha pesado en este ámbito.
Subida de ingresos
Para soportar este incremento del gasto público, la Generalitat estima que sus ingresos mejorarán en 2.700 millones en 2019, especialmente a partir del modelo de financiación autonómica y por el progresivo aumento de la recaudación en el IVA y el IRPF que conllevará la consolidación de la recuperación económica.
Igualmente, Aragonès espera también una mejora en el anticipo que el Estado traspasa a las comunidades como parte del modelo de financiación y en la recaudación por sus tributos propios. Por el contrario, el Govern no prevé aprobar nuevos impuestos, aunque sí recuperar alguno de los suspendidos por el TC, como el aplicable a las compañías de ADSL o sobre los elementos radiotóxicos de las centrales nucleares.
La diferencia de aproximadamente 1.100 millones entre el incremento de ingresos y la subida del gasto en relación con los últimos presupuestos debería ser suficiente para absorber la reducción en el límite del déficit público catalán, que está fijado en el 0,1 por ciento del PIB para 2019.
