
El futuro del grupo catalán Bon Preu de supermercados y gasolineras, con más de 6.400 empleados y 1.200 millones de facturación, está en manos de la Justicia por las desavenencias entre los dos hermanos propietarios de la firma, Joan y Josep Font.
Joan es el presidente y Josep el vicepresidente, ambos con un 50 por ciento de las acciones, pero llevan años enfrentados por decisiones sobre retribuciones y dividendos con las que Josep no estaba de acuerdo. Ante su parecer de que Joan quiere "mandar más" y toma decisiones unilaterales pese a que los dos hermanos tienen la misma participación, decidió ejercer el derecho de separación que estipulan los estatutos de la compañía para vender su mitad a Joan y desvincularse del negocio.
Pero lo que parecía una solución se convirtió en un nuevo problema, dado que ambos hermanos no han sido capaces de acordar el precio de la participación. Tras cuatro valoraciones de la compañía con grandes diferencias de importe -las últimas diferían en 400 millones, con casi 1.100 millones según Grant Thornton frente a 600 de KPMG- y un arbitraje fallido, ahora el juzgado mercantil 8 de Barcelona debe dirimir si sigue vigente el derecho de separación y el precio adecuado, según la demanda presentada por Josep, que pide 530 millones por su 50 por ciento.
Por contra, Joan defiende que la vía de la separación se agotó sin acuerdo y que los estatutos de la empresa estipulan que se realice una escisión, por lo que ha preparado una división de la compañía en lotes: uno para cada hermano repartiendo la red de supermercados y gasolineras, y un terceroque seguiría compartido al 50 por ciento para estructuras centrales. Josep rechaza esta vía y si prospera iniciará un nuevo litigio judicial.
Sentencia rápida
La sentencia sobre el intento de compraventa entre los dos hermanos se espera rápida y puede llegar en un mes, teniendo en cuenta que la juez del Mercantil 8, Marta Cervera, ha sido ascendida a la Audiencia Provincial de Barcelona y se trasladará próximamente. Pero si Josep no consigue un fallo favorable sobre la venta de su participación a Joan, seguirán las disputas.
De momento, desde Bon Preu defienden que se trata de una disputa entre accionistas "que no afecta a la compañía", que está impulsando tanto su red de establecimientos físicos como la venta online.
Con todo, esto puede cambiar si los hermanos no consiguen reconducir sus diferencias y la disputa acaba con la partición de la compañía, lo que menguaría la ventaja de economías de escala por su tamaño.
El abogado de Josep Font ha defendido hoy en la vista oral del juicio que la separación entre las participaciones de ambos hermanos tuvo lugar en julio de 2017 y es "irreversible" si su cliente no quiere dar marcha atrás, por lo que Joan debe comprarle su 50 por ciento.
El letrado de Joan ha alegado que los 530 millones que reclama Josep abocarían a Bon Preu al concurso de acreedores, y ha defendido la vía de la escisión: "Se le dan bienes, no solo dinero, que es lo que pretenden para salirse del negocio sin riesgo alguno. Es una separación in natura, porque no nos ponemos de acuerdo sobre el valor".