Barcelona
El consejero de Economía catalán, Pere Aragonès, salió ayer de la reunión de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat con preacuerdos que responden a reclamaciones de la autonomía por un importe de más de 4.200 millones de euros.
El más inminente es la previsión de que el Consejo de Ministros apruebe en octubre la conversión de corto a largo plazo de 2.773 millones de deuda de la Generalitat, que Aragonès defendió que no tenía sentido que venciese a corto plazo porque es "deuda estructural".
1.459 millones en 4 años
Con todo, el cambio de vencimientos de deuda de corto a largo plazo -largamente reivindicado al Gobierno anterior de Mariano Rajoy- no forma parte de la lista de 7.600 millones que el Ejecutivo de Joaquim Torra reclama a Sánchez como deudas y compromisos pendientes del Estado en Cataluña. De esa lista, ayer salieron dos preacuerdos que suman pagos de 1.459 millones de euros entre 2019 y 2022.
Uno de ellos corresponde a 759 millones para inversiones en infraestructuras en Cataluña reconocidos por el Estado como pendientes con cargo a la disposión adicional tercera del Estatut en 2008. El primer pago, que deberían recoger los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2019, es de 200 millones, detalló Aragonès, que incidió en que se trata de un importe pendiente todavía después de diez años.
El otro compromiso de Sánchez para abonar en los próximos cuatro años es el referente a la financiación de los Mossos d'Esquadra, con una cifra provisional por saldar de 700 millones, de los que los PGE de 2019 deberían incluir 150 millones.
"Estaremos muy atentos a que se incluya y en qué condiciones", advirtió Aragonès, que criticó que en la Generalitat tienen la experiencia histórica de haber alcanzado acuerdos con el Gobierno central que luego no se han cumplido.
Nueva reunión este año
Esta comisión mixta no se reunía desde hacía siete años, pero el próximo encuentro se prevé realizar dentro de menos de dos meses, según avanzó el consejero catalán. En el orden del día se tratarán temas tributarios y sobre la financiación de los nuevos órganos judiciales que se han ido creando en los últimos años, entre otros.
"Creemos que queda mucho trabajo por hacer", destacó Aragonès, que insistió en el mensaje que dio la semana pasada ante empresarios catalanes: "Donde haya discusión de un solo euro que toque a las políticas públicas de Cataluña, estaremos defendiéndolo".
Sin embargo, quiso recalcar que estas negociaciones no sustituyen la reclamación de la Generalitat de que los catalanes puedan ejercer su derecho de autodeterminación.
Con estas cesiones, el Ejecutivo central da motivos a los partidos independentistas catalanes para recibir su apoyo de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, ya que hay 350 millones comprometidos ayer que dependen de que las cuentas del próximo año salgan adelante.
