Barcelona
La Generalitat puso ayer sobre la mesa la factura que reclamará al Gobierno en concepto de deudas pendientes de la última década en la próxima reunión del 25 de septiembre de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Financieros, uno de los órganos de negociación bilateral Estado-Generalitat que ambos Ejecutivos recuperaron como parte de la operación de diálogo iniciada tras la llegada del PSOE a La Moncloa.
El vicepresidente del Govern y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, indicó en el Parlament que las principales partidas que la comunidad reclamará al Estado son la financiación de la dependencia y de las infraestructuras.
En lo referente a la dependencia, el vicepresidente cifró en 2.871 millones de euros la deuda pendiente por parte del Estado, ya que la Generalitat (al igual que el resto de autonomías) asume el 80 por ciento del coste de estos servicios, a pesar que la ley establece que dicha carga debería repartirse a partes iguales.
En segundo lugar, el Govern exigirá una deuda de 3.710 millones en concepto de inversiones pendientes en infraestructuras (en virtud de la disposición adicional tercera del Estatut), empezando por los 759 millones reconocidos por este precepto estatutario relativos al año 2008 y de los cuales la Generalitat "no ha visto ni un céntimo", según Aragonès.
El responsable de Economía afirmó que la comisión bilateral es el órgano adecuado para negociar con el Estado, ya que el Consejo de Política Fiscal y Financiera se ha convertido en un "trámite" donde el Gobierno simplemente informa de sus decisiones a las comunidades.
