Barcelona
La Justicia española desiste de la persecución del expresidente catalán Carles Puigdemont por su responsabilidad en el referéndum del 1-O y en la declaración de independencia de Cataluña y permitirá así que el líder independentista continué internacionalizando el procés e intervenga en la política catalana desde Europa.
El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del 1-O, Pablo Llarena, rechazó ayer la extradición de Puigdemont a España sólo por el delito de malversación, pero no por rebelión o sedición, tal como había fijado la semana pasada el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein (Alemania).
Llarena lamentó en un auto emitido ayer que el Tribunal alemán adelantó un enjuiciamiento que no es coherente con la imputación hecha en España y que lo hizo "desde un posicionamiento desacertado". Igualmente, el juez del Supremo criticó que la justicia germana haya conferido "un valor probatorio definitivo" a la versión de Puigdemont, a pesar de no poder confrontarla con el resto de fuentes.
Por todo ello, Llarena consideró que los magistrados de Schleswig-Holstein han contravenido la normativa sobre euro órdenes y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y les achacó "la falta de compromiso" con unos hechos que "pudieron haber quebrantado el orden constitucional español".
La renuncia de Llarena a extraditar a Puigdemont provocó ayer euforia entre las filas independentistas, que calificaron el capítulo como una "victoria de la democracia", en palabras del presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, que señaló que la internacionalización del proceso soberanista ha permitido oponerse a la "arbitrariedad" de la Justicia española. En este sentido, el portavoz de JxCat, Albert Batet, avanzó ayer que Puigdemont tiene previsto volver en los próximos días a Bélgica (donde residía antes de ser detenido en Alemania) para reactivar el Consejo de la República, el ente ideado por el expresident para mantener un gobierno paralelo de Cataluña en el extranjero bajo su mandato "legítimo". Según Batet, la aclaración de la situación judicial de Puigdemont permitirá al Govern desarrollar su programa, que incluye el desarrollo de una Asamblea de Electos de Cataluña, que juntamente con el Consejo de la República debe funcionar como "contrapoder" al Estado.
Retirada del resto de órdenes
En su auto, el juez Llarena también retira las euroórdenes de detención contra los exconsejeros de la Generalitat huidos a Bélgica (Antoni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig) y al Reino Unido (Clara Ponsatí), así como contra la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, que se encuentra actualmente en Suiza. Tanto la dirigente republicana como Puigdemont y el resto de sus exconsejeros citados pueden moverse ahora libremente por todo el mundo, mientras que en España se mantiene una orden de detención nacional en su contra.
