Barcelona
La recuperación se ha extendido a muchos sectores de la economía, llegando incluso a algunos tan afectados por la crisis como el de la construcción, pero la mayoría de empresas del ladrillo siguen en una situación donde no pueden dejar pasar ninguna oportunidad.
En este contexto, tres patronales de pequeñas y medianas empresas de la construcción de Cataluña advierten de que el modelo de contratación pública que está utilizando la Generalitat les perjudica, ya que algunos concursos incluyen cláusulas que las discriminan en favor de las grandes compañías.
Ante la generalización de estas cláusulas, la Cámara de Contratistas de Obras de Cataluña (CCOC), el Gremio de Constructores de Barcelona y la Asociación Catalana de Constructores de Obra Pública empezaron presentando en febrero dos recursos por la vía contencioso-administrativa contra la empresa autonómica Infraestructures.cat para impugnar sendas licitaciones hechas por la Generalitat.
Se trata de un concurso de reparación, ampliación y mantenimiento del Departamento de Enseñanza y de otro para la reforma de la carretera secundaria C-28 entre Baqueira (Lleida) y el límite comarcal del Valle de Arán. A pesar de no ser proyectos de gran envergadura, la licitación incluye cláusulas que dan ventaja a las grandes constructoras y que prácticamente dejan fuera de juego a las pymes del sector.
En primer lugar, los pliegos asignan más puntos a las empresas que hayan hecho obras más grandes y también un mayor número de proyectos, dando la máxima puntuación a las firmas que acrediten trabajos que tripliquen el presupuesto de la licitación en curso. Igualmente, se requiere que el jefe de obra esté identificado con nombre y apellidos y completamente al cargo del proyecto, mientras los recurrentes defienden que esta función de jefatura es importante en una construcción, pero lo es también el equipo técnico, la experiencia, la maquinaria o el saber hacer de cada empresa.
Según fuentes de la CCOC, la consecuencia de esto es la "discriminación brutal" de las pymes del sector -que en muchos casos cuentan con pocos jefes de obras- que antes podían rotar entre proyectos y que ahora se van a encontrar atados a uno solo. Además, recelan sobre que sea un criterio realizable ante eventualidades como la jubilación o la baja laboral de un jefe de obra. "La administración intenta buscar la máxima calidad de buena fe, pero sin querer acaba restringiendo la concurrencia", indican desde las patronales.
Por otro lado, las cláusulas de contratación que denuncian los constructores incluyen en determinadas obras un criterio de proximidad física al proyecto en licitación, un criterio totalmente rechazado por las directivas de la Unión Europea, que buscan favorecen la competencia a nivel comunitario. Además, desde las pymes de la construcción cuestionan cuál es la justificación de esta cláusula de proximidad, puesto que en lugar de favorecer a las empresas locales, lo único que se conseguirá es llevar a la ruina a las firmas que no tengan su sede en el área metropolitana de Barcelona, donde se concentran la mayoría de proyectos.
Extensión del modelo
Los afectados están en desacuerdo con la existencia de este tipo de cláusulas en los concursos, pero lo que temen especialmente es que se acaben extendiendo en los pliegos de contratación pública del resto de administraciones catalanas, puesto que la Generalitat suele marcar la pauta en este sentido. De hecho, los servicios jurídicos de la CCOC han recurrido recientemente contra la gestora de infraestructuras del Ayuntamiento de Barcelona (Bimsa) por incluir cláusulas parecidas a las de la Infraestructures.cat en la licitación de la reforma de la Ronda Sant Antoni de la ciudad.
Tras cinco meses desde que se interpusieron los primeros recursos, las patronales siguen esperando una respuesta de la justicia, un hecho que les parece preocupante, puesto que podría darse el caso de que los contratos quedasen adjudicados y se empezara su ejecución, de manera que una resolución del caso favorable a sus intereses podría no servirles de nada. "Es otro ejemplo de la lentitud de la justicia en España", lamentan desde las empresas.
Primera respuesta
Las empresas afectadas no prevén presentar más recursos contra la Generalitat, a la espera de ver cuál será la dirección que tomarán los gestores del nuevo Govern y teniendo en cuenta los costes que acarrean los procesos judiciales para ambas partes.
De hecho, el nuevo consejero de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, aprovechó recientemente un acto organizado por las patronales de la construcción para mostrarse conciliador. "Nos comprometemos a interlocutar con Infraestructures.cat para que esto acabe bien", afirmó Calvet, que añadió que el objetivo es que los pliegos de contratación pública respondan a las expectativas del sector.
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