BARCELONA
La decisión del Tribunal Superior de Schleswig-Holstein de rechazar la extradición del expresidente catalán Carles Puigdemont por rebelión abrió ayer las compuertas de la estrategia independentista de desacreditar la causa de la Justicia española contra el 1-O. Por su parte, el Tribunal Supremo estudia ahora si rechazará, como es previsible según varias fuentes, la orden de entrega solo para el delito de malversación, como plantea Alemania.
Como vasos comunicantes, los independentistas reclaman ahora que si Puigdemont no podrá ser juzgado en España por rebelión, tampoco deberían serlo los políticos independentistas presos en cárceles catalanas, que deberían ser liberados "de inmediato", según afirmó ayer el portavoz de JxCat, Eduard Pujol. De la misma manera, los líderes soberanistas huidos -incluido Puigdemont- deberían poder volver a España y permanecer en libertad provisional a la espera de juicio, igual que ocurre con los consellers que han sido procesados solo por malversación y desobediencia.
Y es que la Justicia alemana dictaminó ayer que no puede extraditar al expresident por alta traición (el equivalente de rebelión en el código penal germano), pero sí por malversación en la organización del 1-O. Sobre este último punto, JxCat y Esquerra insistieron ayer que tampoco se podrá demostrar que se destinaran fondos públicos al referéndum sobre la independencia. En este sentido, la defensa de Puigdemont ya avanzó ayer que recurrirán al Tribunal Constitucional alemán para que se rechace también la extradición por malversación, un trámite que alargará durante todavía más tiempo la estancia del líder independentista en Alemania. Por su parte, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del procés, Pablo Llarena, debe decidir ahora si acepta la extradición en los términos que han fijado los jueces alemanes o acude al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre el caso. Los partidos soberanistas en el Parlament celebraron ayer la decisión de la Justicia germana y defendieron que esta demuestra que no hubo violencia en la recta final hacia la declaración de independencia, una aseveración que también compartió la portavoz parlamentaria de Catalunya En Comú Podem, Elisenda Alamany, que reclamó que el nuevo Gobierno español debería señalar a la Fiscalía que retire las acusaciones por rebelión.
Agravio entre procesados
El diputado de Cs en la Cámara autonómica Carlos Carrizosa celebró que Puigdemont acuda a España a "dar la cara" ante los tribunales, pero lamentó que se produzca un agravio entre los políticos que decidieron huir y los que se quedaron para responder ante la Justicia, mientras que el portavoz del PP en el Parlament, Santi Rodríguez, mostró su respeto por la decisión, pero también señalo que puede acabar premiando "al que se fuga".
