
El Estatut de Cataluña es, de mo-mento, la línea roja que el Ejecutivo español no está dispuesto a traspasar en su relación con la Generalitat, mientras que el presidente catalán, Joaquim Torra, lo valora como un punto de partida. En cualquier caso, la primera reunión entre el presidente español y el autonómico supone el desbloqueo de las negociaciones bilaterales entre el Estado y la Generalitat, paralizadas desde 2011.
Ayer se abrió "un hilo de esperanza", según Torra, pese a que reconoció que en los dos "temas clave" -que son el derecho de autodeterminación y la petición de liberación de los líderes independentistas encarcelados- las posiciones son "divergentes". El Gobierno socialista se mantiene firme en que el derecho de autodeterminación "no existe" en la Constitución, sostuvo la vicepresidenta, Carmen Calvo, que insistió en que no hay presos políticos y que el poder Ejecutivo no puede entrometerse en el legislativo. Sí que explicó que el Gobierno levantará el "veto" sobre leyes catalanas recurridas al Tribunal Constitucional por Mariano Rajoy y que tienen una finalidad social, como la de pobreza energética, cambio climático y acceso universal a la atención sanitaria.
Por ahora, Torra se contenta con haber recuperado la negociación bilateral con el Estado que preveía el Estatut, con reuniones que tendrán lugar "próximamente", bajo el liderazgo de Meritxell Batet por parte del Gobierno central y de Ernest Maragall por parte del Ejecutivo catalán.
Con todo, Torra insistió en que la solución al conflicto político pasa por que los catalanes puedan ejercer el derecho a la autodeterminación, y quiso reivindicar que el Govern no renuncia "a ninguna de las fórmulas para llegar a la independencia".
En palabras del presidente catalán, el grueso de peticiones pendientes con el Estado son incumplimientos y agravios, que se vehiculizarán a través de la propia comisión bilateral Estado-Generalitat y de las comisiones de asuntos económicos y financieros, la de infraestructuras y la de transferencias.
La comisión bilateral Estado-Generalitat, creada en 2007, no se reúne desde 2011, pese a que el Govern ha solicitado su convocatoria por escrito en tres ocasiones desde entonces, sin obtener respuesta por parte del Ejecutivo de Mariano Rajoy, según expone la web de la Conselleria de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia. La intención es que la nueva reunión -la novena desde su constitución- se celebre "lo antes posible", según Torra, que también espera recibir a Sánchez en la Generalitat después de las vacaciones de verano.
Descontento independentista
La satisfacción de ambas partes tras la reunión entre los dos presidentes fue recibida con críticas en menor o mayor grado por el ala independentista. ERC aplaudió que se restablezca el diálogo, pero advirtió que ejercer el derecho de autodeterminación es "indispensable". La ANC tildó el derecho de autodeterminación de "irrenunciable" y defendió implementar el resultado del 1-O, mientras que los Comités de Defensa de la República (CDR) fueron contundentes en las redes sociales: "No aceptamos pactos ni cambios de rumbo. Llevad adelante lo que prometisteis en campaña electoral o dimitid. República o dimisión".
Por otro lado, el encuentro de ayer también despertó los recelos entre otras autonomías. En nombre de la Xunta de Galicía, Alberto Núñez Feijóo se manifestó en contra de que Pedro Sánchez negocie simplemente con Torra asuntos que afectan al Estado, que él también representa. Castilla y León, por su parte, expresó que es fácil hablar del derecho de autodeterminación invocado por los soberanistas catalanes, pero "este derecho no existe", declaró la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente. Para la representante de la institución parlamentaria, hay que primar a quienes han gestionado bien la Educación, la Sanidad y los servicios sociales, y eso debe quedar recogido de una manera satisfactoria en un modelo de financiación autonómica.
Desde regiones gobernadas por el PSOE, el castellano-manchego Emiliano García-Page afirmó que se puede hablar de muchas cosas, "pero no se pueden hacer trampas". Insiste en que todo diálogo es necesario, pero cuando él se reúna con Sánchez pedirá la misma sanidad, educación y servicios sociales que los demás. El Gobierno extremeño también defendió el diálogo, pero dentro del límte de la Constitución.