
El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha empezado a asumir que ya no es el jefe del Govern, al menos por lo que refiere a las condiciones materiales de su situación, ya que se encuentra en Alemania pendiente de su extradición a España por su papel en el 1-O y en la declaración de independencia de Cataluña.
La portavoz del Govern, Elsa Artadi, informó ayer que la Generalitat ofrecerá a Puigdemont las prerrogativas legales que le corresponden como expresident, después de que trascendiera que el político gerundense había hecho una petición en este sentido a la administración catalana.
"Ya se está poniendo en marcha todo con normalidad", indicó la portavoz de la Generalitat en una rueda de prensa. En noviembre, tras el cese de su Govern en aplicación del artículo 155, Puigdemont renunció a estos privilegios, ya que consideraba que él era el presidente legítimo de la Generalitat.
Seguridad
Artadi señaló que las primeras prerrogativas que se pondrán en marcha son las relativas a la seguridad del expresidente, con una escolta a través de los Mossos de Esquadra, y rechazó que el hecho de que Puigdemont resida actualmente en el extranjero sea un problema.
La portavoz lamentó que el 155 dejara a Puigdemont sin seguridad, a pesar de su "relieve político" y afirmó que la protección personal del expresidente catalán "es la prioridad ahora mismo".
Además de la seguridad, la ley catalana sobre el estatuto de los expresidentes incluye una oficina y un presupuesto asignado a esta, aunque Artadi tampoco aclaró donde se ubicará, dado que Puigdemont reside en Alemania. La norma también ofrece a los expresidentes una asignación económica mensual, que Puigdemont no cobrará de momento porque legalmente es incompatible con su condición actual de diputado en el Parlament.
Intento de reforma
Artadi defendió que la situación legal del expresidente no tiene que ser ningún obstáculo para que acceda a las prerrogativas, y ha recordado que la ley, aprobada en 2003 tras el mandato de Jordi Pujol, es "muy clara" y no hace distinciones entre si la persona reside dentro o fuera de Cataluña.
La portavoz de la Generalitat recordó que hace algunas semanas el PP promovió en el Parlament una reforma de la norma para evitar que Puigdemont pudiera acogerse a ella, pero que finalmente fue rechazada.