La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó ayer el archivo de la querrella que presentó el 1 de junio el presidente de la Generalitat, Joaquim Torra, contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por presunta prevaricación al no publicar la primera propuesta de nombramientos de consellers del nuevo Govern, entre los que figuraban presos preventivos y huidos.
El Ministerio Público considera que ello hace que la denegación de la publicación del decreto de nombramiento no pueda ser considerada como un acto "injusto y arbitrario", ya que el artículo 155 exigía la "verificación de la legalidad de las actuaciones de la Generalitat".
Acercamiento de presos
El juez del Supremo que lleva la causa del procés, Pablo Llarena, quiso aclarar ayer que no tiene competencias para decidir sobre el acercamiento de presos soberanistas, sino que corresponde al Ministerio del Interior. Horas antes, el nuevo ministro del ramo, Fernando Grande-Marlaska, había dado su respaldo al traslado si lo autorizaba Llarena.
Por otro lado, tras el 155, Ferran López dimitió ayer como jefe de los Mossos, aduciendo que daba por acabada su etapa interina. Asimismo, el Govern anunció que en "dos o tres semanas" empezará a reabrir las delegaciones de la Generalitat en el exterior. Las primeras serán las de Londres, Roma, Berlín, Ginebra y Washington.
