El Gobierno sigue paso a paso el guión previsto para impedir que el expresidente catalán Carles Puigdemont pueda ser nuevamente investido al frente de la Generalitat. El Ejecutivo central recurrirá de inmediato ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la Ley de la Presidencia, aprobada el viernes por el Parlamento de Cataluña, y que abría la puerta a una investidura a distancia Puigdemont. El Ejecutivo tenía preparado ya el jueves el recurso, a la espera de que el legislativo catalán aprobase la anunciada reforma de la Ley de la Presidencia.
Según avanzó el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, el presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, convocará en las próximas horas un Consejo de Ministros extraordinario para interponer el recurso ante el TC, un paso que implicará la suspensión automática de la Ley de la Presidencia, mientras el Tribunal resuelve el asunto. "De acuerdo con la legalidad vigente, la probabilidad del señor Puigdemont de ser investido presidente es cero", sentenció Millo, en una rueda de prensa en la delegación del Gobierno español en Cataluña. La decisión del Ejecutivo central frustra así los planes del grupo parlamentario de Puigdemont, JxCat, que el sábado propuso la investidura de su candidato antes del 14 de mayo.
Vulnera el Estatuto
Precisamente ayer, el Consejo de Estado aprobó por unanimidad un informe favorable al criterio del Ejecutivo central de recurrir ante el Constitucional dicha Ley de la Presidencia. El órgano consultivo afirmó que el "oficio representativo" exige que quien quiera ser candidato a la presidencia de la Generalitat, como Carles Puigdemont, tenga que estar presente en el acto de investidura, según informaron a Ep fuentes de la institución.
El dictamen del Consejo de Estado apunta que la investidura de un presidente debe ser personal y presencial, ya que así lo prevé el reglamento del Parlament, pero subraya especialmente que es lo que reclama también el Estatuto sin "excepción alguna".
La investidura presencial es un presupuesto básico "inherente a la propia naturaleza del sistema parlamentario", expone el Consejo. A juicio del órgano consultivo, tampoco cabe ahora introducir la investidura a distancia "a través de una norma con rango de ley o, amparándose en la autonomía parlamentaria, mediante una modificación del reglamento de la Cámara". En este sentido, añade que el formato de lectura única con el que se ha aprobado esta reforma legal puede ser también inconstitucional. Se trata de una ley de desarrollo básico del Estatuto, que necesita que se siga el procedimiento legislativo común.
También el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano consultivo de la Generalitat, falló la semana pasada que la reforma de la Ley de la Presidencia -impulsada por JxCat y aprobada con los votos de los tres grupos independentistas en la Cámara catalana- vulnera la Constitución y el Estatuto. El ente consideró, además, que no podía tramitarse por urgencia, porque pretende modificar artículos sustanciales de la norma autonómica.
