La ratificación del Ministerio de Hacienda de que la Generalitat no ha gastado dinero público en los preparativos del referéndum del 1 de octubre desde que está intervenida por el Gobierno central ha venido seguida en cuestión de horas de nueva documentación de la Guardia Civil, que eleva la cifra de posible malversación y apunta al uso de JxSí y Òmnium Cultural para vehicular algunos pagos. El Tribunal Supremo levantó el secreto de sumario la media noche del miércoles al jueves, y ha trascendido que la Benemérita detalla costes destinados a preparar la consulta ilegal por valor de 1,9 millones de euros, algunos pendientes de abonar.
Mientras el juez de la causa del procés, Pablo Llarena, espera la documentación que remitirá Hacienda sobre las cuentas de la Generalitat, un informe del Instituto armado de finales de marzo sostiene que la mayoría de los gastos para el 1-O fueron asumidos por la Generalitat, aunque algunos se hicieron a través de Òmnium (61.879 euros) y JxSí (17.690,20 euros), informó Europa Press. El documento detalla que Òmnium encargó carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar y que tenían el sello de la Generalitat. Asimismo, expone que JxSí -donde se integraban el PDeCat y ERC- pudo emplear dinero procedente de subvenciones públicas para hacer frente al pago de la presentación del referéndum el 4 de julio de 2017 en el Teatre Nacional de Catalunya (TNC).
Agrega que, como el grupo parlamentario tiene que rendir cuentas de forma anual al Parlament, la institución podría tener conocimiento de esta supuesta malversación. Fuentes de la Cámara catalana matizaron a elEconomista que el plazo para presentar la documentación finaliza en mayo.
Además, la Guardia Civil eleva la factura de organismos dependientes de la Conselleria de Exteriores para los observadores internacionales a más de 217.600 euros, y todavía hay líneas de investigación abiertas sobre encargos de informes y el centro de datos de la votación.
Impagos perseguibles
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, los miembros del último Govern pueden enfrentarse a hasta 12 años de prisión por malversación, y también pueden ser perseguidos los gastos que no llegaron a abonarse: a través de las figura de la tentativa de malversación, de la malversación frustrada e incluso a través del delito de administración desleal, reformado en 2015 para perseguir también a quienes lo cometan respecto del patrimonio público.
Desde el Gobierno y el PP ratificaron ayer su apoyo a la labor fiscalizadora del ministro Cristóbal Montoro, mientras que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, advirtió que exigirá "responsabilidades" si se demuestra que "Rajoy y Montoro mintieron" a las Cortes y a los españoles y sí hubo gasto público vinculado a la celebración del 1-O.
