Vuelta a la casilla de salida por parte del independentismo. Después de descartar la candidatura de Carles Puigdemont -al proponer primero a Jordi Sánchez y luego intentar la investidura frustrada de Jordi Turull-, ayer el Parlament aprobó una resolución en la que defiende que se respeten los "derechos políticos" del expresidente de la Generalitat. La cámara catalana apoyó con los votos de JxCat, ERC y la CUP que Puigdemont pueda someter a debate y votación su candidatura a presidir la Generalitat, y resolvió también que se respeten los mismos derechos para Turull y Sánchez. Asimismo, los tres grupos independentistas aprobaron con el apoyo de los comuns un texto para reclamar la libertad de los diputados y exdiputados encarcelados.
La representante de JxCat, Gem-ma Geis, advirtió que su grupo no renunciará al plan A de investir a Puigdemont, pese a las trabas del Estado, y el diputado de la CUP Carles Riera la felicitó porque "el pacto con el Estado es una rendición". Inés Arrimadas (C's) y Ferran Pedret (PSC) criticaron la resolución al considerar que un parlamento no debe pedir a la Justicia la libertad de unos procesados, mientras que Xavier García Albiol (PP) calificó el pleno como "un error que no aporta nada". Por su parte, el diputado de Catalunya En Comú Podem, Xa-vier Domènech, también se mostró crítico con la estrategia de los independentistas: "¿Investir a Puigdemont? ¿Y después qué? ¿Más procesados? ¿Más presos?".
Los grupos de la cámara catalana volvieron a mostrar su desunión al debatir la propuesta de Ciudadanos sobre "el respeto a la convivencia y la neutralidad institucional". Solo la formación naranja y el PP apoyaron reclamar la dimisión del presidente del Parlament, Roger Torrent, que se incluía en la resolución, mientras que el pleno rechazó condenar los "actos violentos" que se han producido en las concentraciones convocadas por la ANC, Òmnium y los Comités de Defensa de la República -según el texto-, gracias a los votos de las tres fuerzas independentistas y los comunes.
Resolución estéril
La resolución de apoyo a la investidura de Puigdemont tendrá un efecto simbólico, ya que el expresidente se halla detenido en Alemania y su situación parece que va para largo. La Fiscalía germana informó ayer que no decidirá sobre la extradición del expresidente durante esta semana.
En la misma línea, el abogado de los exconsellers de la Generalitat Antoni Comín y Meritxell Serret, Gonzalo Boye, que trabaja en coordinación con la defensa de Puigdemont, advirtió que el procedimiento de euroorden puede prolongarse más de un año en este caso. En cuanto a la situación de Comín y Serret, indicó que están en libertad y a la espera de que el fiscal belga convoque la audiencia preliminar que inicia el procedimiento de la euroorden dictada por el Tribunal Supremo español.
