Tras la renuncia de Jordi Sànchez el martes, el independentismo intentó, sin éxito, investir a Jordi Turull de forma urgente para anticiparse a su posible encarcelación por el Tribunal Supremo, y Marta Rovira ha dejado España para evitar ser procesada.
La semana ha estado marcada por la precipitada aceleración de los hechos sucedidos en la política catalana. Si bien la semana pasada JxCat prolongaba el bloqueo a la investidura al mantener a Jordi Sànchez como candidato, el expresidente de la ANC renunció a ser presidente de la Generalitat durante su comparecencia ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para solicitar su puesta en libertad.
Sànchez acudía a la vista junto a Joaquim Forn, que había renunciado a su acta de diputado anteriormente y para quien la Fiscalía pidió la puesta en libertad bajo fianza de 100.000 euros. No obstante, pese a la renuncia de ambos a la política, el magistrado decidió mantenerles en prisión provisional por riesgo de reiteración delictiva.
En cualquier caso, la renuncia Sànchez a su acta de diputado y, por tanto, a ser investido president, llevó a las formaciones independentistas a proponer como nuevo candidato al exconseller de Presidencia Jordi Turull. Sin embargo, esta posibilidad se puso en riesgo cuando el juez Llarena citó para el viernes al propio Turull y otros seis diputados investigados en la causa del procés -Carme Forcadell, Marta Rovira, Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva- para procesarles.
Esta situación provocó que el presidente del Parlament, Roger Torrent, decidiera, a propuesta de JxCat, convocar el pleno de investidura para el jueves. La decisión se producía a última hora del miércoles, lo que llevó a Torrent a iniciar una ronda de contactos exprés por vía telefónica.
No obstante, la abstención de la CUP vetó la candidatura de Turull al persistir las diferencias respecto al plan de gobierno propuesto por ERC y JxCat, dando lugar a una investidura fallida que inicia la cuenta atrás para unas nuevas elecciones.
Así, Turull no pudo presentarse como presidente de la Generalitat a una sesión en el Supremo que se saldó con la orden de procesamiento para 25 de los 28 investigados en la causa. Llarena ha enviado a todo el Govern de Puigdemont a juicio, y decretó prisión provisional a cinco de los seis investigados que estaban citados tras la petición de la Fiscalía por riesgo de reiteración delicitiva.
La única para la que no se ordenó el encarcelamiento, sino orden de búsqueda y captura, fue la secretaria general de ERC, Marta Rovira, que anunció que se exiliaba y no acudiría a la citación. La republicana, que había renunciado, junto a Forcadell y Bassa, a su acta de diputada tras el pleno del jueves, seguía así los pasos de Carles Puigdemont y Anna Gabriel.
En el ámbito empresarial, quien fuera conseller de Economía entre 2011 y 2015, Andreu Mas-Colell, valoró en una entrevista en elEconomista que "la fuga de sedes de empresas puede tener capacidad de arrastre a Madrid" y remarcó, sobre el retraso en el inicio de la legislatura, la conveniencia de que el Parlament pueda aprobar presupuestos este año.
