Las investigaciones alrededor del 1-O y del procés tienen múltiplos frentes judiciales abiertos.
En Madrid, se espera que Jordi Sánchez, que continúa siendo el candidato de JxCAT a la presidencia de la Generalitat, declare el 20 de marzo ante el Supremo para defender su recurso de apelación contra la decisión del juez Pablo Llarena de no excarcelarle. También acudirá el exconseller de interior Joaquim Forn.
En Barcelona, por orden del juzgado de instrucción número 13, la Guardia Civil registró ayer el domicilio particular de Antoni Molons y su despacho en la Generalitat, así como la sede de Òmnium Cultural. La policía estaría buscando información y datos sobre los presuntos pagos públicos por la inserción de publicidad institucional para impulsar el referéndum ilegal del 1-O.
Molons, que fue detenido y posteriormente puesto en libertad con cargos tras negarse a declarar por presuntos delitos de desobediencia y malversación, es el secretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat de Cataluña. Este departamento depende de la consejería de Presidencia, que, desde julio de 2017 hasta la aplicación del artículo 155 el 27 de octubre del año pasado, lideraba Jordi Turull.
El exconseller se encuentra en libertad bajo fianza y es uno de los nombres que de forma habitual aparece en las listas de posibles presidenciables. Antoni Molons ocupa la secretaría desde enero de 2017.
Según Europa Press, la Guardia Civil está investigando una partida de 2,2 millones para publicidad del referéndum ilegal del pasado 1 de octubre, presupuestados en la Secretaría de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat de Cataluña, dirigida por el investigado.
Las investigaciones de la Benemérita ven indicios de posibles delitos de prevaricación y desobediencia tanto de Jordi Turull, como de algunos de sus colaboradores.
El viaje de Puigdemont
En paralelo, y mientras que el parlamento catalán sigue bloqueado por el independentismo, ya que Roger Torrent mantiene el retraso sine die de la sesión de investidura de Sànchez, el viaje de Carles Puigdemont a Suiza sigue creando polémica.
Este país, que ya se enfrentó hace semanas al Estado español al adelantar que no extraditaría a Anna Gabriel, tampoco estaría dispuesto a detener al expresidente, aunque fuera requerido por la Justicia. La Fiscalía había pedido que se solicitara su puesta a disposición judicial durante su visita a Suiza.
