El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció ayer su renuncia "provisional" a volver al cargo, tras ser legitimado para ello unas horas antes por el pleno del Parlament.
En un discurso difundido en las redes sociales, propuso como alternativa a Jordi Sànchez, número dos de JxCat y en prisión provisional, lo que prolonga el pulso con el Gobierno central y añade presión sobre el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, a la vez que mantiene la incertidumbre sobre el futuro político de Cataluña.
Puigdemont aseguró que su propuesta no supone una retirada, y explicó que se pondrá al frente de un Consejo de la República desde Bélgica "para liderar el camino hacia la independencia efectiva ", para lo que convocará a los miembros del Parlament en los próximos días para un "acto solemne".
Auguró una ofensiva política y jurídica internacional contra el Estado español, incluyendo una demanda presentada ayer por sus abogados ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas para defenderse.
Habló de que "ha llegado la hora de pasar a la acción" e insistió en que Cataluña "se ha ganado el derecho a ser una república independiente" y que ello es "irrenunciable", porque es el mandato surgido de las urnas, haciendo referencia explícita al 1 de octubre.
Precisamente, el Parlament aprobó ayer con los votos de JxCat, ERC y la CUP una resolución que incluyó la referencia a la legitimidad del referéndum del 1 de octubre, aunque eludió avalar la proclamación de independencia del 27 de octubre, como pretendían los cupaires.
Con todo, los letrados del Parlament advirtieron de que la resolución contravenía las resoluciones del Tribunal Constitucional. Y es que el punto 6bis del texto aprobado exige que "cesen las injerencias del Gobierno del Estado" ante las instancias jurisdiccionales y el Tribunal Constitucional "que pretenden impedir" la materialización de la "voluntad democrática de los representantes del pueblo de Cataluña, así como la que fue legítimamente expresada en el referéndum de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre".
Ciudadanos pedirá amparo ante el Constitucional, y el Gobierno central está estudiando si la resolución aprobada es recurrible, mientras el presidente del Parlament, Roger Torrent, abrirá la semana que viene una ronda de contactos con todos los grupos para proponer un nuevo candidato a la Presidencia de la Generalitat, tras el paso al lado temporal de Puigdemont, sin visos de que Sànchez tenga competencia.
El Gobierno seguirá alerta
Tras el discurso de Puigdemont, fuentes de Moncloa señalaron que el Gobierno seguirá velando por el respeto a la legalidad, incluido el uso correcto del dinero público: "Un fugado de la justicia no va a vivir a costa del erario público".
Añadieron que Cataluña "necesita tener cuanto antes un presidente de la Generalitat en condiciones de gobernar", y celebraron el paso al lado de Puigdemont, "algo que no hubiera sido posible sin la determinación del Gobierno de utilizar todos los recursos a su alcance para impedir esa burla a la legalidad vigente".
La líder de C's en Cataluña, Inés Arrimadas, consideró que los independentistas "no están buscando un presidente de la Generalitat, sino alargar el lío" y no enfrentar que no tienen reconocimiento internacional, apoyo social ni cobertura legal.
