Un paso atrás, al menos de momento. Los partidos independentistas evitaron el choque con Moncloa en la sesión de constitución del Parlamento catalán, celebrada ayer.
Los diputados fugados -entre ellos, Carles Puigdemont- no solicitaron la delegación de su voto, evitando así el primer recurso del Gobierno de Mariano Rajoy y también eliminando presión sobre ERC. La Mesa de Edad, que fue quien tuvo que tomar la decisión, estaba formada solo por diputados republicanos.
Elsa Artadi, portavoz de JxCat, excusó la decisión en que esos cinco votos no iban a influir en que el independentismo controlara la Mesa del Parlament. Y así fue. Los diputados eligieron a Roger Torrent (ERC) como presidente del Parlament y de la Mesa; vicepresidentes a Josep Costa (JxCat) y José María Espejo-Saavedra (C's) y secretarios a Eugeni Campdepadrós (JxCat), David Pérez (PSC), Joan García (C's) y Alba Vergés (ERC). Este resultado vuelve a otorgar mayoría absoluta a los partidos secesionistas.
La actuación de la Mesa en la anterior legislatura fue más que polémica; especialmente en las sesiones de septiembre, en las que se aprobaron la Ley del Referéndum y de Transitoriedad Jurídica, y también en octubre con la fallida declaración de independencia de Puigdemont. Los partidos de la oposición denunciaron que se habían violado sus derechos y culparon a Carme Forcadell.
Su sucesor, por ahora, ha tratado de ser conciliador; en línea con el discurso anti-unilateralidad que ha mantenido ERC durante la campaña electoral. Torrent explicó que quería "coser" heridas, recuperar las instituciones y evitó, como sí hizo Forcadell en 2015, un "viva la república catalana" en el cierre de su intervención. La CUP le acusó de pronunciar un discurso autonomista. Ahora, queda la incógnita de si la nueva Mesa permitirá delegar el voto a los diputados huidos a Bruselas y realizar la investidura a distancia de Puigdemont como president de la Generalitat.
Varias alternativas
Este sería el escenario más negativo para la economía, ya que supondría una interpretación del reglamento de la Cámara catalana que los partidos constitucionalistas y el Gobierno central consideran ilegal, por lo que presentarían recurso y paralizaría la nueva legislatura. Otra posibilidad es el paso al lado de Puigdemont y los otros huidos en favor de un nuevo candidato independentista de consenso, ya que la alternativa es repetir elecciones.
Jacint Soler, economista de la patronal Pimec, explicó ayer a elEconomista que la entidad reclama "constituir Govern cuanto antes y que haya la máxima estabilidad y se vuelva a gobernar, lo que no ha sido posible los últimos meses" y también ha dejado en el aire medidas pendientes para impulsar la economía.
Foment del Treball, en su último informe de coyuntura del último trimestre de 2017, sostuvo que la actividad económica se ralentizaría en consumo e inversiones "de manera proporcional a la intensidad de la crisis política", afectando a la economía catalana y española.
El presidente del Círculo de Directivos de Habla Alemana, Albert Peters, rechazó un nuevo desafío del Parlament al marco legal: "Pedimos diálogo a todas las partes y una solución democrática dentro del Estado de Derecho", indicó a elEconomista.
Confió en que llegue pronto para desbloquear inversiones y revertir el éxodo de sedes empresariales, y advirtió que no se van a tomar decisiones de negocios si no hay claridad: "Volver a las normas del Estado de Derecho es la base para tomar cualquier decisión".
