El resultado de las elecciones catalanas arroja una premisa, ningún partido político, ni personaje público, puede hablar en nombre de los catalanes y de Cataluña. Ahora se aprecia que los catalanes piensan de muy diversa manera. No existen mayorías suficientes para ostentar la fuerza suficiente para hablar en nombre de un pueblo. Asumida esta realidad por los ciudadanos, también deben asumirla los políticos. Los partidos que defendían el independentismo deben aceptar que no conseguirán a corto o medio plazo una mayoría social suficiente que apoye sus objetivos y los que desean continuar como hasta ahora, no pueden arrojar a los políticos defensores de la DUI, porque carecen de representación suficiente.
Dada esta dura y evidente realidad, sería bueno que los dos grupos enfrentados se olvidaran durante un tiempo de objetivos ilusorios, utópicos y se concentraran en las políticas en las que todos los catalanes, los de un lado y los del otro, nos hallamos de acuerdo.
Un elemento a añadir a esta dura realidad es la interferencia del poder judicial en la política catalana. Algunos políticos no contaron con que la justicia se inmiscuiría en sus decisiones. No tomaron en consideración la realidad y es el hecho que no existe sociedad que se sostenga sin el correcto cumplimiento de la ley. La ley puede modificarse y existen mecanismos para ello, pero nadie puede actuar en su contra, ni con votos, ni apelando a la democracia, sin advertir que el principal bastión de un colectivo es el respeto a la ley.
Ahora también se asume en Cataluña que los políticos pueden ir a prisión por incumplir la leyes que nos vinculan a todos.
Ante estas evidentes realidades, sería bueno aparcar objetivos hoy inalcanzables, tales como la independencia de Cataluña y ponerse de acuerdo en las políticas factibles de un modo inmediato. Si consiguiéramos ponernos de acuerdo todos los catalanes en determinados objetivos, poseeríamos una enorme fuerza. Si las discusiones consisten en quien debe presidir el país o bien, el mejor modo de continuar el procés, nuestra sociedad prolongará su crisis hasta provocar una autentica agonía.
Continuando con esta línea argumental pragmática y parafraseando a Fraga cuando dijo que "la política hace extraños compañeros de cama ", propondría para Cataluña un gobierno de coalición entre Ciudadanos, Junts per Catalunya, ERC y PSC, dejando fuera a la CUP y Podemos.
Este Gobierno obtendría una mayoría de más del 80% de diputados en el Parlamant y representaría a una inmensa mayoría de catalanes. El president no podría ser Puigdemont, ya que no sería creíble que se desdijera de su voluntad manifiesta de continuar con la independencia, y la imagen que se tiene de su persona, tanto en Cataluña como en el resto de España y el extranjero, es la de un hombre que intentó un objetivo político sin tener ni una mayoría de ciudadanos catalanes a su favor, ni los medios necesarios para conseguirla.
En cambio, Junqueras, más pragmático podría obviar durante esta legislatura su proyecto independentista y ser el president. Inés Arrimadas presidirá el Parlament, Miguel Iceta ostentaría la vicepresidencia de la Generalitat y Elsa Artadi sería la primera consellera.
Deberían ponerse de acuerdo en el programa de gobierno para una legislatura y centrarse en las grandes carencias de Cataluña, su financiación, la mejora de su educación, la integración de los inmigrantes, la organización y contención turística, las infraestructuras y cualquier otro objetivo realista que desearan abordar.
Este nuevo gobierno debería solicitar de inmediato al Ejecutivo central una amnistía de los delitos en los que pudieran haber incurrido los políticos catalanes. Este gobierno de coalición nos demostraría a los catalanes que nos representan políticos con visión de estado y no visionarios que pretenden alcanzar la luna con las manos vacías, y al resto de España mostraría la solidez de un pueblo que se une para afrontar momentos difíciles.
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