Los resultados de las elecciones del 21 de diciembre, lejos de resolver el conflicto, dejaron un panorama cargado de incertidumbre para la comunidad catalana. La victoria de Ciudadanos no evitó la mayoría absoluta independentista, que repitieron mayoría absoluta, con 70 escaños, solo dos menos que en 2015. Sin embargo, existe poca visibilidad sobre cómo se configurará el futuro gobierno. Los partidos independentistas afrontan el reto de contar con serias dificultades para que sus cabezas de lista puedan ser investidos. Carles Puigdemont sigue huido en Bélgica, mientras que Oriol Junqueras se encuentra en prisión preventiva. Está previsto que el próximo 4 de enero declare en el Tribunal Supremo, donde el juez Pablo Llarena podría replantearse la prisión.
El desafío independentista lleva años aparcando los retos económicos que tarde o temprano Cataluña tendrá que afrontar si no quiere perder su tradicional liderazgo económico; entre otros problemas el de la desindustrialización que viven zonas como Tarragona. El procés y la declaración unilateral de independencia han dañado seriamente la confianza en la economía regional, como muestran los datos de caída de la inversión extranjera -de un 75 por ciento durante el tercer trimestre- o la fortísima fuga de empresas que sufre Cataluña. Hasta el pasado 28 de diciembre, de acuerdo con datos de los Registradores, habían trasladado su sede social fuera de Cataluña un total de 3.188 empresas.
El independentismo, además, continúa manteniendo una actitud muy beligerante contra los efectos de la aplicación del artículo 155. La intervención de la autonomía catalana tiene como fecha de caducidad la constitución de un nuevo gobierno en Cataluña, pero habrá que esperar a ver cómo se vertebra ese Ejecutivo, ya que no está claro si la CUP formará parte del próximo gobierno y si la única alternativa que ve para formar un gobierno es que los antisistema, que reclaman la unilateralidad como única vía, se integren en el futuro gobierno. Marta Rovira (ERC) señaló que ahora se inician las negociaciones y aseguró que su primer objetivo es que Carles Puigdemont sea investido presidente de Cataluña y que sea "restituido". El partido republicano no se compromete.
Por su parte, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, descartó dimitir o adelantar elecciones por el fiasco de los comicios catalanes. La activación del artículo 155 de la Constitución, aunque necesaria para restituir la seguridad jurídica, ha costado caro al PP a nivel de votos, pero ya se están produciendo gestos de acercamiento a las demandas de una parte de la sociedad catalana.
Rajoy se ha negado a entrevistarse con Carles Puigdemont en el extranjero, tal y como el expresidente catalán ha solicitado, pero el Gobierno español ha decidido solicitar el regreso de la policía nacional y la guardia civil destinada a Cataluña desde antes del 1de octubre para reforzar la seguridad. Este "regreso" era de una las grandes peticiones de los partidos independentistas y también de Podemos en Cataluña, que está integrado en Catalunya en Comú. Cataluña necesita destensar la fractura social que se ha abierto en los últimos meses por la fuerte división entre partidarios de la independencia y no independentistas.
