Una de las frases más repetidas en el independentismo catalán durante los últimos meses ha sido "el mundo nos mira". Y es cierto. La inestabilidad política generada por la declaración de independencia, que ha provocado la fuga de 3.000 empresas, y la continuada revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para la autonomía y para el conjunto del país -ayer llegó la del Banco de España-, convierten las elecciones del 21 de diciembre en una cita clave.
Los resultados pueden inclinar la balanza hacia la estabilización de la economía y la reactivación de las inversiones -con la posibilidad de recuperarse crecimientos económicos similares a los de la primera parte de 2017-, o bien hacia el lado de la inestabilidad y el bloqueo de las inversiones.
La línea roja -en un caso y en el otro- es dar vida a un Gobierno que se circunscriba al marco legal español y una legislatura "normal" en cuanto a duración; es decir, de cuatro años. Asimismo, el papel que puedan adoptar la CUP y Catalunya en Comú también condicionará, según las fuentes consultadas, la buena salud económica de Cataluña y de España. "La experiencia en la gestión de Ada Colau, que se traslada a Catalunya en Comú, no ha sido positiva para los inversores", apunta Miguel Ángel Bernal, profesor del IEB. Para este experto, el peor escenario posible sería repetir el Govern anterior, con un pacto entre partidos independentistas apoyados por los cupaires, que prolongarían la situación de tensión continuada con el Gobierno de Mariano Rajoy y el discurso de la unilateralidad contraria a la ley.
No obstante, este resultado no es el único que puede salir de las urnas el 21-D y que sería negativo para la economía catalana. Tanto Miguel Ángel Bernal, como Javier Santacruz, investigador de la Universidad de Essex, coinciden en que si los partidos constitucionalistas lograran suficientes votos como para poder gobernar, pero no se pusieran de acuerdo en un Govern -con los resultados que anticipan las encuestas al menos sería necesario que Catalunya en Comú se abstuviera-, la inestabilidad también se reinstalaría en la economía y se aceleraría la fuga de empresas que ahora se ha atemperado. "Sería un suicido colectivo que no se pusieran de acuerdo", opina Santacruz. Una nueva convocatoria electoral por esta razón reforzaría al independentismo más duro, prolongaría la situación de desgobierno y de inestabilidad económica.
La línea de la unilateralidad
La fragmentación política que anticipan las encuestas preocupa a los inversores internacionales y se refleja en el turismo. Christopher Dottie, presidente de la Cámara de Comercio Británica, reconoce que existen inversiones internacionales paradas, a la espera de un desenlace. "Las empresas que se han marchado lo han hecho por la incertidumbre, porque no sabían qué podía conllevar la DUI", añade. Dottie no cree que necesariamente un Gobierno independentista sea dañino para las inversiones, siempre que explique claro su hoja de ruta y los empresarios sean capaces de realizar previsiones "a seis meses y a seis años", puntualiza. "Es necesario que sean claros con sus planes y los costes", apunta. "Si la sociedad catalana decide que quiere la independencia, las empresas no van a decir si tienen, o no, razón, pero deben saber en qué consiste. ¿Está dentro de la UE o es otro Catalexit como el Brexit? Si es un Catalexit, ¿nos podremos preparar? ¿Qué sucederá con la divisa", se pregunta.
El presidente de la Cámara británica (las empresas de Reino Unido son las segundas que más invierten en España del mundo, por detrás de EEUU) pide al futuro Govern que relance la marca Barcelona. Para Dottie, uno de los grandes retos es que Cataluña no pierda la capacidad de atracción de talento extranjero, ni el gancho como foco turístico por las tensiones vividas en los últimos meses. Para evitar que se enquisten estos problemas (huelgas, manifestaciones, enfrentamientos) para Dottie es clave que el próximo Gobierno de la Generalitat reinstaure la paz social, ayudando así a recuperar el prestigio.
Su punto de vista lo suscriben otros grandes inversores internacionales, como son los alemanes, que confirman que existen operaciones que todavía no se han cerrado a la espera de las elecciones. "Hay más de 100 millones de euros parados de compañías alemanas hasta que sepamos hacia dónde va el tren", apunta Albert Peters, presidente del Círculo de Directivos de habla alemana. Además, insiste en que es clave que se forme un Gobierno estable y que sea pronto. "Esperar no sirve de nada, necesitamos soluciones. Hemos esperado demasiado tiempo en formar gobierno en España, no podemos permitírnoslo otra vez", apostilla. Peters tampoco cree que un Gobierno independentista sea un problema para la economía catalana "siempre que se mantenga dentro de la legalidad", condiciona. De hecho, este es el mismo discurso que defienden los empresarios y los lobbys económicos catalanes. Joaquim Gay de Montellà, presidente de Foment del Treball, la patronal de grandes empresas catalanas, así lo transmitió ayer en su tradicional desayuno navideño con periodistas. Señaló que lo imprescindible era que se acatara la legalidad, pero que también se retomara el diálogo entre el Gobierno autonómico y el de Mariano Rajoy para buscar soluciones a la fractura. Este planteamiento lo comparte con otras patronales, como Pimec, y con asociaciones económicas como el Cercle de Economía o la Cámara de Comercio de Barcelona. De hecho, la demanda de reiniciar el diálogo y reinstaurar la confianza son dos puntos claves en los que existe un total consenso en la clase empresarial catalana. También en que la legislatura debe ser de cuatro años.
El 21-D como oportunidad
A pesar de las dudas que genera el resultado del 21-D, y el miedo a que se produzca una sensación de ingobernabilidad, también se ve como una oportunidad para impulsar la reactivación económica de Cataluña, que, según algunos expertos, sería especialmente significativa si se forma un gobierno constitucionalista que aleje la sombra de la ruptura y que abra una nueva etapa de reformas; entre ellas, la de la financiación. Javier Santacruz apuesta por avanzar hacia un federalismo donde cada comunidad autónoma gestione sus "ingresos y sus gastos".
Para este experto, es Miquel Iceta, candidato del PSC, el que cuenta con más posibilidades de ser investido presidente y de liderar un gobierno de conciliación. Miguel Ángel Bernal, sin embargo, apunta que sería más positivo para la economía un gobierno de Ciudadanos, porque, entre otras cosas, Catalunya en Comú tendría menos peso.
No obstante, para la economía, de acuerdo con estas fuentes, lo más positivo sería que la próxima legislatura catalana ayudara a reducir la representatividad del independentismo; lo que solo se lograría reduciendo la fractura y con una mayor sensibilidad del Gobierno español hacia las particularidades y las demandas de los catalanes.
Además de la reforma del sistema de financiación, parece imprescindible impulsar la inversión en infraestructuras como el Corredor Mediterráneo. Unas políticas sobre las que parece que sí existe sensibilidad en los programas electorales para el 21-D de los partidos constitucionalistas, pero que necesitarán del respaldo del Estado.
