Tribunal Constitucional ha suspendido la Ley Catalana de Consultas populares de 2010. El texto legal, aprobado durante el último año de mandato del Gobierno tripartito del socialista José Montilla, otorgaba a la Generalitat la competencia para organizar consultas de ámbito competencial autonómico.
El tribunal informó que Cataluña reguló una "modalidad de referéndum que no está prevista en la Constitución ni en la legislación estatal". Además, recordó que en cualquier caso es el Estado el encargado de autorizar o rechazar la consulta solicitada por el organismo en cuestión. La ley fue suspendida cautelarmente en un principio, aunque más adelante levantó la suspensión. Asimismo, la Generalitat aprobó otra ley en 2014 de consultas no referendarias, que también fue sustancialmente anulada por el alto tribunal.
El TC también tumbó ayer el "Comisionado para la Transición Nacional", un órgano para la construcción de las estructuras de Estado que creó el Gobierno de Artur Mas. El tribunal considera que el organismo excedía las competencias autonómicas. De la misma forma, también anuló el "Plan Ejecutivo para la preparación de las infraestructuras de Estado" y el "Plan de Infraestructuras estratégicas" aprobados por el gobierno de Mas.
La CUP pierde la paciencia
Por su parte, la CUP también presionó ayer al Govern para que fijara la fecha y pregunta del referéndum, que podría celebrarse a principios de otoño. Asimismo, pidieron más transparencia al Ejecutivo de Puigdemont y criticaron su opacidad ante los pasos que están dando para organizar la consulta.
Los cupaires proponen tres organismos para organizar la votación unilateral. Además, piden que en la organización y ejecución se involucren funcionarios y personal no voluntario.
