Amenaza y ejecución. El Gobierno catalán abrió ayer la licitación de urnas para referéndums y consultas, que va a provocar una actuación de oficio de la Fiscalía, que ya ha anunciado que actuará.
Aunque la Generalitat ha tratado de eludir cualquier alusión a un referéndum sobre el "futuro político de Cataluña" en el anuncio de licitación y centrarlo en un acuerdo marco a cuatro años, los proveedores que pujen por el contrato se pueden encontrar con problemas.
Fuentes jurídicas señalan que, en caso de que efectivamente se dictaminara que la convocatoria de la licitación incumplía el mandato del Tribunal Constitucional, y, por tanto, fuera ilegal, a la compañía adjudicataria se la podría considerar un "colaborador necesario" para el acto delictivo, asumiendo también responsabilidades.
No obstante, hasta llegar a ese punto puede quedar tiempo. Si el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) admite a trámite la futura denuncia de la Fiscalía por esta razón, el juez puede decidir frenar el proceso de concurso o incluso incautar las urnas. En principio, el plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 23 de mayo y el presupuesto es de 200.000 euros sin IVA.
De acuerdo con La Vanguardia, la compra no habría sido firmada por ningún miembro del Gobierno catalán, sino por Francesc Esteve Balagué, secretario general del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda. Ninguno de los consellers, ni tampoco el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se han hecho responsables de la orden. Todos ellos están obligados a impedir cualquier iniciativa que impulse el referéndum de ruptura.
Otro choque en el 'Parlament'
Los votos de Junts pel Sí y la CUP desmantelaron de facto ayer la Comisión de Investigación que C's, PSC y PP pidieron a raíz de las declaraciones del exjuez Santi Vidal. El exsenador de ERC aseguró en conferencias organizadas por la ANC que la Generalitat estaba obteniendo datos fiscales de los ciudadanos de forma ilegal.
La mayoría independentista volvió a hacer valer su peso para evitar que las 160 peticiones de comparecencia, entre las que estaban las dirigidas a los miembros del Ejecutivo catalán, pudieran prosperar. La CUP calificó la comisión de "persecución política". De hecho, la diputada cupaire, Gabriela Serra, afirmó que entre "legalidad y legitimidad", escogen "legitimidad". Por su parte, JxSí la consideró como una forma de "hacerle el juego a la Fiscalía".
La oposición criticó con dureza el bloqueo de los independentistas. El portavoz de Ciudadanos calificó la situación de "fraude democrático". Por su parte, la portavoz socialista en la comisión afirmó que el PSC suspenderá su actividad en la comisión de la Operación Cataluña como respuesta al bloqueo del Govern.
