Cataluña

La Generalitat cobrará una tasa a las empresas con pisos, yates o joyas

Foto: Archivo

El gran impuesto que sirvió para que la CUP accediera a aprobar los Presupuestos catalanes con Junts pel Sí ya es una realidad. El Parlament dio luz verde este miércoles a la nueva tasa sobre activos no productivos, que empezará a computarse a partir del próximo 30 de junio de este año y, posteriormente, anualmente el 1 de enero.

El objetivo de esta nueva tasa es gravar los activos no ligados a la producción de personas jurídicas, como empresas o asociaciones. A partir de ahora, la Generalitat gravará bienes inmuebles, vehículos de motor con una cilindrada igual o superior a los 200 caballos, embarcaciones de ocio como yates con ocho metros de eslora o más, aeronaves que estén a nombre de sociedades y en Cataluña. En el último momento, también se añadieron a la lista objetos de arte, antigüedades y joyas. Según la propuesta, la base imponible se calculará sumando el valor de todos los activos no productivos.

Aunque en un inicio se había fijado un mínimo exento de 500.000 euros, e incluso 100.000 si no estaba incluido un inmueble, finalmente se ha eliminado. Algo que fue criticado el miércoles de forma contundente por parte de Ciudadanos. El impuesto se aprobó con amplia mayoría, con 82 votos a favor de Junts pel Sí, CUP y CSQP.

La 'desconexión', más cerca

La sesión vespertina fue más tensa aún si cabe, ya que se rechazaron todas las enmiendas a la totalidad que querían evitar que se tramitase la reforma del reglamento del Parlament, con la que se pretende aprobar de forma exprés la ley de transitoriedad jurídica.

Esto es, en pocas palabras, que Junts pel Sí y la CUP están más cerca de poder aprobar su ley de desconexión definitiva, con lectura única del texto y sin ni siquiera tener que debatir con el resto de grupos parlamentarios.

Esta modalidad de tramitación trataría de esquivar a la justicia española, como ya ha sucedido en el pasado. Esta ley toma aún más relevancia tras las palabras del diputado de JxSí, Lluís Llach, que amenazó con sancionar a los funcionarios que no obedeciesen esta polémica imposición. Palabras que fueron respaldadas el miércoles por el propio Puigdemont y todo su grupo durante el pleno, y que le valió para ser abucheado por el resto de diputados.

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