Las instituciones catalanas han presentado un convenio con el objetivo de unificar criterios de actuación e instar a las empresas subministradoras de agua, luz y gas a sumarse en la lucha contra la pobreza energética.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, considera que las subministradoras "ya no tienen excusas, sólo pueden hacer que se cumpla" y considera que "la pelota está en las compañías subministradoras", puesto que hasta ahora las conversaciones de las distintas administraciones por separado "daba juego para no cumplir la ley".
El convenio firmado por la Generalitat y los ayuntamientos busca que las empresas agilicen y colaboren ante los casos de núcleos familiares vulnerables en riesgo de sufrir cortes de energía. De acuerdo con el documento, las compañías que se adscriban se comprometen a ofrecer una tarifa social, condonar la deuda acumulada y asegurar que los recursos aportados por las compañías subministradoras han de cubrir un 50% del coste de la pobreza energética.
Ada Colau fue muy crítica con el sector e insistió que "un oligopolio con beneficios millonarios puede asumir parte de la factura, porque es nada en comparación con sus ingresos".
Un único protocolo
Las administraciones también han aprovechado para hacer público un convenio que tiene como objetivo incrementar la seguridad jurídica ante casos de personas vulnerables. El protocolo busca unificar la interpretación de la aplicación de la 24/2015 del conjunto de administraciones catalanas.
El protocolo vigente, que había sido elaborado por la Agencia Catalana del Consumo, fue recorrido tanto por la patronal eléctrica UNESA como por Endesa. La justicia ha emitido sentencias contradictorias al respecto, puesto que un juez ha desestimado la suspensión cautelar mientras que otro lo invalidó provisionalmente.
Negociaciones con las eléctricas
Aunque Colau da por hecho que las eléctricas firmarán el convenio, avisa que la 24/2015 prevé una vía sancionadora contra las subministradoras que no respeten el texto. La alcaldesa considera que las administraciones no tienen "ganas de hablar de la vía sancionadora, pero se tiene que hacer cumplir la ley".
Por su parte, la Mesa del Tercer Sector, que agrupa a más de 3.000 entidades sociales, se ha mostrado satisfecha por el resultado al que han llegado las distintas administraciones. El presidente de la entidad, Oriol Illa considera que "el convenio de hoy elimina, todavía más, las excusas para que las compañías cumplan la ley 24/2015". La organización espera que las reuniones entre las administraciones y las compañías se produzca antes del mes de marzo.
Gas Natural, Endesa y la patronal UNESA están estudiando el convenio, por lo que por el momento prefieren no valorarlo.
