Al mismo tiempo que se iniciaba el debate sobre el presupuesto de Economía y Hacienda donde la CUP tiene alguna de sus demandas más importantes en fiscalidad, la propia formación anticapitalista presentaba en los tribunales un contencioso administrativo para 'recordar' al Govern de Carles Puigdemont otra de sus grandes reivindicaciones.
El Circuito de Montmeló ha emergido en esta recta final como otra de las puntas de lanza de la CUP en la negociación presupuestaria. Una de las enmiendas que ha presentado la CUP al Govern para aprobar las cuentas es la de eliminar el aval que sostiene la Generalitat para albergar la Formula 1 y que asciende a 22 millones de euros. Pero el socio de Junts pel Sí quiere ir más allá, y junto con la plataforma local 'No ens vendreu la moto', quieren paralizar el Plan Director Urbanístico (PDU) que habilita la construcción de un macrocomplejo del motor en el Circuit de Montmeló.
Aunque la CUP ha presentado un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), este no tiene ningún efecto inmediato sobre el proceso, ya que el PDU está aprobado y ratificado. Por lo que queda en manos de la justicia que este contencioso avance y se dicte sentencia.
Sin embargo, que esta acción se haya llevado a cabo justo la semana que se están negociando los Presupuestos con más vehemencia (el miércoles habrá una nueva reunión) adquiere un carácter simbólico especial. La CUP avisa de cuáles son sus prioridades cuando los debates de las secciones presupuestarias ya están en marcha. El mensaje es tan directo, que la CUP, incluso estuvo a punto de presentar el contencioso en el edificio anexo al TSJC, donde está la sede del Instituto de Estadística de la Generalitat (Idescat).
Sin líneas rojas, pero con avisos
La CUP arguye que el Circuito presenta pérdidas anuales y que depende del erario público. La Generalitat ya tiene una participación del 20% en la empresa que gestiona el Circuito, después de inyectarle otros 7,8 millones de euros a finales del pasado año. El 'Govern', por su parte, defiende el Circuito de Montmeló como una infraestructura 'prioritaria' y se escuda en los 340 millones de impacto económico que tiene.
En todo caso, la diputada de la CUP, Mireia Boya, aseguraba hoy que "no ponen líneas rojas", pero sí quieren transmitir su deseo de que se presenten informes medioambientales para un proyecto urbanístico "que no tiene ni pies ni cabeza". En el pasado ya reiteraron su intención de eliminar las aportaciones públicas al Circuito.
Y es que el proyecto no es menor, ya que alcanza más de 570 hectáreas de los municipios de Montmeló, Parets del Vallés y Granollers. En cualquier caso, este proyecto sigue llevándose con gran opacidad por parte de las diferentes administraciones públicas, tanto a nivel local como regional.
Tal y como adelantó elEconomista, el objetivo es resucitar el Circuit de Montmeló mediante la construcción de un macrocomplejo de ocio y turismo al más puro estilo Sylverstone, con un centro comercial, un resort hotelero, un circuito de karts internacional y una zona industrial donde pretenden alojar empresas del sector. Según el PDU, el centro comercial sería mayor que el 'outlet' de Value Retail, La Roca Village, que está situado a apenas 13 kilómetros de distancia.
