Poca gente podía imaginarse hace un año que tal día como hoy el entonces president en funciones, Artur Mas, daría su más que conocido pas al costat cediendo ante la CUP, que no quería investirle como presidente de la Generalitat de Cataluña, pero sí a Carles Puigdemont, alcalde de Girona.
La designación de Puigdemont, de la que mañana se cumple un año, consiguió evitar unas elecciones anticipadas, para las se esperaba un descenso de los votos independentistas y se anticipaba un más que posible escenario de candidaturas separadas entre CDC y ERC.
En su discurso de investidura el 10 de enero de 2016, Puigdemont adelantó que la legislatura sería corta (ya hemos cruzado el ecuador) y que culminaría con un referéndum independentista vinculante. Se marcó un periodo de 18 meses para convocar elecciones, pero un año después no ha podido empezar a poner en marcha su programa económico. Sólo ha progresado aumentar la inseguridad jurídica con sus "leyes de desconexión", gracias a la complicidad de la CUP y en dibujar un futuro -que todavía no se ha concretado- de subida de impuestos.
Un bloqueo continuado
El primer gran fracaso político de su gobierno fue no conseguir que la CUP permitiera la tramitación de los Presupuestos para 2016. Los anticapitalistas decidieron mantener la enmienda a la totalidad del proyecto, porque la propuesta les parecía poco desobediente hacia el Estado español y reclamaba mayores impuestos para financiar un mejor programa social. El gran caballo público fue el IRPF.
Puigdemont defendió públicamente que no se tocaría el tramo para las rentas más elevadas, como pretendían los cupaires, y este enfrentamiento, altamente mediatizado, tiró por tierra el acuerdo.
Puigdemont se resistió, sin embargo, a convocar elecciones y trató de ganar tiempo anunciando una moción de confianza. Desde el PDeCat se cansaron de repetir que el sí de la CUP a este examen requería de la aprobación de los Presupuestos, pero los cupaires no se han comprometido y en las negociaciones que durante estos meses han mantenido con la Conselleria de Economía, ya han conseguido mucho de lo que habían pedido en 2016. La propuesta de Presupuestos oculta una subida de impuestos para los contribuyentes a partir de 30.000 euros, al eliminarse deducciones por adquisición de viviendas.
Además, se crean nuevos impuestos que pagarán los consumidores -como el de bebidas azucaradas-, se recuperan tasas invalidadas por el Tribunal Constitucional -como la nuclear- y se progresa en la estrategia de confrontación con el Gobierno español, incluyendo partidas claramente inconstitucionales como la convocatoria de un referéndum vinculante no pactado.
La fiscalidad para las empresas también empeora. JxSí y la CUP han acordado crear una tasa sobre los activos improductivos.
A cambio, por ahora, la CUP no ha cedido demasiado. De hecho, hasta el próximo 28 de enero no decidirá si aprueba los Presupuestos. La decisión del Gobierno catalán de impulsar el nuevo proyecto de BCN World, que sí ha gustado a los empresarios, se está volviendo en su contra. El pasado viernes, Anna Gabriel, diputada de la CUP, señaló que esta decisión les preocupaba y que "todo contaba" a la hora de tomar una decisión. Además, Gabriel cree que los Presupuestos no son importantes y que no habría que convocar elecciones, solo avanzar "en el referéndum".
Esta meta unilateral choca con los deseos de la mayoría de los ciudadanos de Cataluña (el no a la independencia supera al sí) y preocupa a empresarios e inversores. Tanto la patronal de grandes empresas, como asociaciones como el Círculo de Economía, defienden que cualquier referéndum debe ser pactado para mantener la seguridad jurídica. El último gesto visible es que ningún presidente de ninguna patronal acudió a la cumbre del referéndum de Puigdemont.
Debilidad por la refundación
Durante sus doce meses como presidente, Carles Puigdemont ha temido que mantener el tipo, mientras que su partido se refundaba y perdía apoyos electorales y cambiaba su identidad. La histórica CDC bajaba la persiana para convertirse en el actual PDeCAT. La formación nacionalista esperaba dejar atrás los casos de corrupción que le han salpicado, desmarcarse de la figura del expresident Jordi Pujol y proclamarse un partido totalmente independentista.
Para amortiguar el proceso y el auge de Esquerra, el Govern ha aumentado sus gestos de desafío, con la tramitación de leyes que chocaban con la Constitución española. La última, la de Transitoriedad Jurídica, no se ha hecho pública para evitar "que sea recurrida".
Puigdemont parece que no quiere continuar desgastándose y ya ha anunciado que no será candidato a la presidencia catalana a las próximas elecciones.
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