Los pactos menos visibles entre el Gobierno de Carles Puigdemont y de la CUP están aflorando durante el debate parlamentario de los Presupuestos de 2017 y de la ley que lo acompaña. Ayer se debatieron en el Parlamento catalán las enmiendas a la totalidad a esta última y se puso de manifiesto que los cupaires habían conseguido sus objetivos en cuanto a Aigües Ter-Llobregat, que ahora controla Acciona.
Tanto C?s como el PP recriminaron al Gobierno catalán que estaba aprovechando la tramitación de esta normativa para establecer que, en caso de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), ?plantearía al Parlamento su voluntad de recuperar la gestión directa de Aigües Ter-Llobregat y las medidas para hacerlo?, tal como recoge el documento del Gobierno catalán.
C?s denunció que con esta norma el Govern pedía un crédito para tomar el control de la compañía, privatizada en los últimos días de 2012 (una demanda que la CUP mantiene desde que comenzaron las negociaciones para la investidura fallida de Artur Mas y que JxSí hasta ahora había frenado).
Antonio Espinosa, diputado de C?s, recriminó a Oriol Junqueras que debía haber provisionado el coste de la reversión de la concesión del contrato de gestión de agua en los Presupuestos. Junqueras había explicado durante la presentación del proyecto que sólo se habían provisionado hechos sobre los que se tuviera certeza. En una entrevista con elEconomista ya había adelantado que incluirlo o no dependía entre otras cosas de cómo evolucionaran las negociaciones.
Se espera que el Tribunal Supremo dé a conocer a lo largo del año que viene si también considera que se produjeron irregularidades en el proceso de adjudicación de la concesión, tal como sostiene el TSJC, que la anuló. Acciona siempre ha defendido la legalidad de la adjudicación y de su participación.
