La propuesta de Presupuestos para 2017 de la Generalitat de Cataluña ha superado el primer trámite parlamentario. La CUP, a diferencia de lo sucedido el pasado junio, ha permitido que el proyecto se pueda tramitar, y por ende, debatir en la Cámara durante los próximos meses.
Pero conseguir que apoye los Presupuestos no será gratuito. Los anticapitalistas presentaron ayer, coincidiendo con el debate parlamentario, un documento en el que exponían hasta siete exigencias.
La primera y principal es "combatir las políticas de austeridad y de déficit, eliminando los topes y frenos a la contratación de personal y al aumento de gasto en sectores públicos estratégicos". Poner en marcha esta medida significaría que el Govern tendría que eludir la Ley Montoro, que impide la contratación de nuevos funcionarios (más allá de las plazas para cubrir el 50 por ciento de bajas y jubilaciones), mientras que se tengan que cumplir una serie de objetivos de control de gasto.
Esta petición contrasta con las decisiones tomadas por el Govern respecto a los funcionarios, que no cobrarán hasta 2018 la totalidad de la paga extra adeudada desde 2012.
Los 'ricos', menos dañados
Una de las sorpresas que surgió ayer fue que la CUP eludió ser combativa en una condición que parecía ineludible hace unos meses para los anticapitalistas: la subida de impuestos para las rentas altas (vía IRPF, Sucesiones o Patrimonio).
Aunque la diputada anticapitalista, Eulàlia Reguant, aquejó en su discurso la falta de voluntad para ?cambiar cosas? mediante la subida de tasas, no lo exigió en ningún momento como un requisito clave para facilitar la aprobación de las cuentas. A pesar de que quedan muchos meses de debate parlamentario, hace un mes JxSí y la CUP presentaron conjuntamente una proposición de ley para gravar los activos improductivos de las empresas, con el que parece que se conforman.
Por el contrario, los cupaires sí que fueron mucho más específicos con otra serie de requerimientos, como la reducción del 19 por ciento de las retribuciones complementarias de los altos cargos para "destinarlo íntegramente a la renta garantizada de ciudadanía", una partida que el departamento que dirige Oriol Junqueras no ha incluido en los Presupuestos. Asimismo, quieren que el Gobierno catalán recupere la gestión de los servicios públicos externalizados. Esto se ejecutaría, de acuerdo con los cupaires, "eliminando la precariedad de la política cultural o rescatando y haciendo públicas las autopistas catalanas".
El otro damnificado es el Circuito de Montmeló. Los antisistema piden retirar el aval de 21 millones que facilita la Generalitat para garantizar el contrato de Fórmula 1 con Bernie Ecclestone.
También exigen crear una banca pública catalana, un parque público de vivienda, luchar contra la corrupción y la evasión fiscal, y eliminar los conciertos educativos.
La CUP decidirá, teóricamente, el próximo 28 de enero si vota a favor o en contra del proyecto de Presupuestos en su Consejo Político. El debate final del documento está previsto para el 8 o 9 de febrero. Hoy se debatirán las enmiendas a la totalidad de la ley de acompañamiento, que incluye las tasas sobre las bebidas azucaradas y la reforma de las que soportan los grandes establecimientos comerciales y de las nucleares.
La postura de la oposición
Toda la oposición, C?s, PSC, PP y CSQP, presentaron enmiendas a la totalidad de los Presupuestos, que fueron rechazadas gracias al sentido de los votos de JxSí y la CUP.
Ciudadanos, el principal partido de la oposición, recriminó a Oriol Junqueras que eran unos presupuestos para separar a Cataluña de España y que incluía partidas para impulsar esa ruptura. La inclusión de la financiación del referéndum fue una exigencia de la CUP para permitir la tramitación. Ahora el Govern los presiona afirmando que sin Presupuestos habrá elecciones.
