Las noticias referidas al sector inmobiliario son optimistas: parece que se agota la bolsa de viviendas que se hallaba por vender y, en consecuencia, los precios se recuperan lentamente. No obstante, carecemos de vivienda nueva suficiente para equilibrar oferta y demanda.
En estos momentos iniciales de una posible recuperación podríamos recordar la gran crisis pasada derivada de una especulación masiva sobre la vivienda e intentar frenar la llegada de una nueva. El mercado, debido a los salarios de pura supervivencia, ha derivado de la propiedad al alquiler y ello no es malo, al menos se evitará un endeudamiento de por vida de los jóvenes, pero provoca una escalada de las rentas y la posibilidad de que muchas familias no puedan acceder a ellas.
Los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los Gobiernos de los países europeos, ante la inexistencia de capitales privados, se convirtieron en promotores de vivienda social en alquiler, ofreciéndolas a precios asequibles. De este modo pudo solucionarse un grave problema social. El error fue que, al cabo de los años, cuando llegaron las vacas gordas, los Gobiernos procedieron a vender a los inquilinos dichas viviendas a unos precios ridículos, originándose corruptelas y fraudes. Aquí en España, emulando a Europa, hicimos lo mismo y caímos en los mismos errores.
Hoy no se da la misma circunstancia, pero el poder adquisitivo de los jóvenes no es suficiente. Existen dos circunstancias que fundamentan mi propuesta: la primera, es el hecho de que el ahorro no se retribuye, por lo que no sería difícil obtener capitales a buen precio para destinarlos a la construcción de viviendas en alquiler, siempre y cuando la garantía fuera sólida para el inversor. La segunda, es que existe un inmenso parque inmobiliario público desocupado y sin destino. Podrían constituirse sociedades mixtas público-privadas, en las que el Gobierno central, las autonomías y los municipios aportaran parte de este inmenso patrimonio inmobiliario y los inversionistas su capital. La inversión pública en dinero sería cero y las nuevas viviendas se destinarían al alquiler social.
Las medidas sancionadoras, incluso expropiatorias, como las que pretende el Ayuntamiento de Barcelona, contra los propietarios de viviendas desocupadas, además de ser una medida antipática, es poco efectiva, porque los propietarios se opondrán en los tribunales y se originarán largos pleitos, que no solucionarán el problema de dar vivienda al que no tiene.
