Las comunidades autónomas contarán con más margen del previsto inicialmente para reducir el déficit. El Ministerio de Hacienda concedió ayer a los Ejecutivos territoriales una décima más de margen para el año que viene, de forma que puedan registrar un desvío del 0,6 por ciento.
En la primera reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) desde la formación del nuevo Gobierno, el titular de Hacienda y Función Pública comunicó la nueva senda de déficit y deuda hasta 2019.
El propio Cristóbal Montoro reconoció en la rueda de prensa posterior al encuentro que el nuevo objetivo del 0,6 por ciento obedece al punto intermedio al que han llegado las partes, Ministerio y autonomías en la negociación, a ?un equilibrio como el que va a ser esta legislatura?, aseveró. ?Nos han convencido y les hemos convencido?, añadió a lo anterior. No en vano, algunas autonomías llegaban al encuentro con la intención de obtener no una, sino dos décimas de oxígeno en 2017.
El equilibrio, en 2019
De este modo, las Comunidades, que este año debieran cerrar el ejercicio con un agujero del 0,7 por ciento del PIB, deberán reducirlo al 0,6 por ciento en 2017, al 03 por ciento en 2018 y alcanzar el equilibrio presupuestario en 2019. Al mismo tiempo, las regiones tendrán que situar su deuda en el 24,4 por ciento este año, en el 24,1 por ciento de su PIB el que viene, en el 23,6 por ciento en 2018 y en el 22,7 por ciento en 2019.
Montoro quiso poner en valor el esfuerzo de contención que han venido realizando las autonomías desde 2015, cuando su desvío fue del 1,7 por ciento. En concreto, puso énfasis en que las regiones han empleado íntegramente los nuevos recursos con que han podido contar este año a reducir su déficit y no a aumentar su gasto.
Este Consejo contó con la novedad de que fue presidido por la número dos del Gobierno ,Soraya Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta, según dijo Montoro, trabaja ya en la preparación de la próxima Conferencia de Presidentes, que será donde empiece a abordarse la reforma del modelo de financiación.
Los nuevos objetivos contaron con el respaldo de todas las autonomías del PP y el de Canarias, mientras que fueron tres las comunidades autónomas que votaron en contra de esa senda de déficit: Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. El resto de autonomías socialistas optó por la abstención y dieron así por válido el acuerdo alcanzado previamente por su partido y el PP para dotar al conjunto de una décima más de oxígeno en 2017.
A este grupo se sumó en último término Andalucía, que a la entrada del cónclave regional sí había mostrado su disconformidad con el nuevo límite, al considerarlo insuficiente. De hecho, su consejera del ramo, la socialista María Jesús Montero, había defendido antes del encuentro que las regiones pudieran contar el año próximo con un límite idéntico al de este ejercicio, del 0,7 por ciento. Es un cambio de posición que obedece a la escenificación que suele rodear a estos encuentros y que pudo observarse también en el caso de Castilla y León, dado que su consejera, Pilar del Olmo, fue otra de las defensoras de mantener el objetivo de déficit en el 0,7 un año más.
En el turno de intervención, las autonomías socialistas reclamaron a Montoro un reparto más equitativo del esfuerzo de reducción del déficit entre las distintas administraciones y recordaron que son precisamente los Ejecutivos regionales los que tienen que hacer frente a lago más del 33 por ciento del gasto, al tener transferidas competencias, como la Sanidad o la Educación.
A esta demanda, la Comunidad Valenciana -una de las más contundentes antes y durante el encuentro- sumó la petición de un objetivo de déficit asimétrico, es decir, diferente para cada autonomía, en función de la situación de sus cuentas. Su consejero, Vicent Soler lamentó que Hacienda no incorporase al debate la financiación autonómica y recordó que el actual modelo penaliza a su región con 250 euros menos per cápita que la media nacional. Además, descartó que la Comunidad Valenciana pueda ceñirse al nuevo tope el año que viene y recordó que el anterior Gobierno del PP dejó la Generalitat con un agujero equivalente al 2,59 por ciento del PIB en 2015.
Por su parte el conseller catalán, Oriol Junqueras, no solo mostró su disconformidad con la nueva senda pactada (Cataluña reclamaba un límite del déficit del 1,18 por ciento el año que viene), sino que también puso de manifiesto el compromiso de la Generalitat con la celebración de un referéndum independentista en Cataluña.
