La moción de confianza que Puigdemont superó sin problemas gracias a la CUP no le va a salir gratis al president. Aunque los cupaires han mantenido las negociaciones de los Presupuestos sotto voce, e incluso adelantaron su apoyo veinte días antes de lo necesario, sólo era la calma antes de la tempestad.
La CUP puso ayer sobre la mesa su batería de propuestas para aprobar los Presupuestos, y son más exigentes y duras que las anteriores. La propuesta impacta contra casi todo lo formulado por Junts pel Sí, incluso con el referéndum. El "referéndum" con el que la diputada de la CUP, Anna Gabriel, había dicho estar en sintonía, también está en tela de juicio, al menos su fecha. Si Puigdemont había situado la consulta unilateral en la segunda quincena de septiembre, (justo después de la Diada del 11 de septiembre, cuando el independentismo adquiere sus mayores cuotas de participación y sale anímicamente reforzado), ahora la CUP quiere adelantarlo a julio. La razón, según su diputado Albert Botran, es porque "creen que tienen suficiente fuerza para hacerlo antes de verano, cuando culminan los 18 meses".
Impuestos más duros
La resolución que ha presentado la CUP ocupa más de 17 páginas llenas de propuestas, que dificultarán el pacto por los Presupuestos. Los anticapitalistas no sólo no han reculado ni un milímetro en sus pretensiones de aumentar la presión fiscal a los catalanes, sino que la han aumentado.
Si en mayo ya exigían subir el tramo alto del IRPF, eliminar el mínimo del Impuesto de Patrimonio y endurecer Sucesiones, ahora quieren ir mucho más allá.
La CUP quiere crear un impuesto sobre las grandes fortunas para que grave la riqueza de las personas físicas. Además, también quiere trabajar un impuesto "sobre rentas del capital" que tendría como objetivo una imposición sobre fondos de inversión, sicav y entidades de tenencia de valores extranjeros. Por último, y como adelantó elEconomista, también aumentaría la tasa turística, para destinar lo recaudado a políticas sociales.
Estas exigencias ya han sido respondidas por el líder de la antigua Convergència, Artur Mas, que ha asegurado que su partido "no subirá impuestos". También lo ha hecho el 'Govern' mediante su portavoz, Neus Munté, que ha avisado que los "presupuestos serán muy similares a los de mayo". De hecho, Munté considera que "la fiscalidad ya es muy alta" y que no están "por subir impuestos".
Abertis y Acciona, en el punto de mira
En el apartado económico, la CUP sigue reclamando no ceñirse al objetivo de déficit que, precisamente, Oriol Junqueras ha dicho que cumplirán "con toda probabilidad". Como Syriza o Podemos en sus inicios, la CUP también optaría por realizar una auditoría de la deuda y negarse a pagar lo que se conoce como "deuda ilegítima".
Otras exigencias que parecían haber caído en saco roto, ayer volvieron a retomar importancia. La CUP hace especial hincapié en la de Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que gestiona Acciona. El documento es explícito, y propone "garantizar que ATLL vuelva a ser pública y no convocar ningún concurso".
Otra de las empresas que quedaría afectada es Abertis, pues los anticapitalistas abogan por no renovar ninguna de las autopistas de peaje catalanas (algo que también prometió el PP). En materia de infraestructuras, piden imponer una moratoria sobre todos los proyectos "que no generen consenso". Uno de ellos sería el del Circuito de Montmeló de F-1. Además, piden revisar todos los Planes Directores Urbanísticos (PDU) que "entren en contradicción".
Transición y elecciones constituyentes
La CUP quiere que la ley de transitoriedad jurídica hacia la independencia se presente antes de final de año, para que el 'Govern' convoque elecciones constituyentes (para la nueva República) en el segundo semestre de 2017.
Esto sería después del referéndum, que pretenden celebrar en julio. Por ello, pide a Puigdemont "proveerse" de herramientas necesarias para garantizar la convocatoria. Esto pasaría por destinar una partida de los Presupuestos a este objetivo.
Además, los anticapitalistas piden la creación de una ponencia de ley donde se elabore la normativa que regirá el referéndum que pretenden hacer en julio. En estas reuniones se dirimirían cuestiones como el censo electoral, además de los colegios y juntas.
