El independentismo catalán se niega a aceptar que una gran parte de los catalanes está agotado del procés y no apoya una ruptura unilateral, en la que sí insiste el gobierno catalán y la CUP.
Aunque los partidos rupturistas y los organizadores calificaron de "éxito" la asistencia ayer, esta fue notablemente menor que el año anterior: la Guardia Urbana y la policía local cifraban en unos 810.000 el número de asistentes, frente a los 1,4 millones registrados en la Diada de 2015 y los 1,8 millones del año 2014, mientras que los organizadores hablaban de un millón.
En el caso de la delegación del gobierno en Cataluña, el dato de participantes fue de 370.000 personas, lo que confirmaría un descenso por encima del 30 por ciento en un año (véase gráfico). En las manifestaciones de los últimos años los datos de unas fuentes y las otras han sido notablemente distintos.
Aun con la manifiesta pérdida de apoyos, Puigdemont, que ha sido el primer presidente autonómico que se ha unido a la manifestación independentista de forma oficial, reiteró que concluirá el proceso de desconexión antes de la Diada de 2017. Además, afirmó que en su futura moción de confianza, prevista para el próximo 28 de septiembre, "planteará" un referéndum al Estado. Esta afirmación vino acompañada también de una amenaza. "Si el Estado español decide de forma unilateral vetarnos un referéndum, nosotros haremos lo que nos ha pedido la población", señaló, en alusiones a llevar a término la hoja de ruta, que concluye con un referéndum constitucional. Carles Puigdemont adelantó el domingo que lo cerraría en menos de doce meses.
De hecho, el parlamento catalán está pendiente de la tramitación de varias de las leyes, que se consideran estructuras de estado, como la Hacienda y la Seguridad social catalana.
Diversas fuentes señalan, además, que el resto del cuerpo legal con el que se dotaría de validez jurídica (la Ley de transitoriedad) está muy adelantado.
El domingo, Carles Puigdemont no quiso referirse directamente al RUI (referéndum unilateral de independencia), que solicitan sus socios de gobierno, pero los cupaires sí que reclamaron durante el acto de ayer que se impulsaran los actos de desobediencia. Puigdemont ha delegado en Oriol Junqueras, vicepresidente y conseller de Economía, la responsabilidad de cerrar el pacto de su moción de confianza con la CUP, con quien está trabajando en el anteproyecto de Presupuestos para 2017 y que está previsto que se presente en la primera quincena de octubre.
