Cataluña ha comenzado a multar a empresas suministradoras de gas y electricidad que han cortado estos servicios a ciertos usuarios.
Según explicó ayer la consellera de gobernación, Meritxell Borràs, en su reunión con la Tabla de Emergencia en el Ámbito de la Vivienda y la Pobreza Energética, hasta el momento se han impuesto 18 sanciones y la Agencia Catalana de Consumo ha tramitado 88 expedientes.
Cada multa asciende a 10.001 euros y se ha sancionado a compañías que habían cortado el gas o la electricidad sin aplicar la Ley 24/2015, que impide que se interrumpa el suministro cuando, tras un impago, se demuestra que el usuario se encuentra en una situación económica crítica. Borràs explicó que las compañías sancionadas han presentado alegaciones y que ahora estos procesos se encuentran en trámites para su resolución. Asimismo, especificó que la Generalitat había llegado a un acuerdo con las suministradoras de agua para que no se produzcan los cortes.
El Tribunal Constitucional ha anulado parcialmente la Ley 24/2015, pero sólo aquellas medidas relacionadas con la vivienda y los desalojos. Las relacionadas con la pobreza energética no han sido suspendidas.
