El Parlament recibió ayer un nuevo texto de "desconexión", donde se esboza lo que deberá ser el embrión de la futura Seguridad Social catalana. Junts pel Sí y la CUP registraron el martes una propuesta de ley que se debatirá en la cámara catalana a partir del martes que viene, cuando la Mesa lo admita a trámite. El documento especifica que esta ley es constitucional, ya que se dicta según un artículo del Estatuto de autonomía catalán.
Sin embargo, tanto Chakir el Homrani (JxSí) como Mireia Vehí (CUP), aseguran que "aunque por ahora es autonómica, es una estructura de estado fundamental para la futura República catalana".
El anexo del documento pone una fecha límite de tres meses para negociar este texto con los diferentes agentes sociales y económicos para elaborar un Pacto Nacional de Protección Social.
Según el texto, las funciones de esta nueva Agencia Catalana de Protección Social, es desplegar el sistema de protección social catalana "que sean competencia de la Generalitat", e irá vinculado a los Presupuestos, aunque en el proyecto que presentó Oriol Junqueras la semana pasada no se hace alusión alguna a este proyecto.
Contradicciones
La CUP se desligó de Junts pel Sí, pero poco importa. Convergència cuestiona constantemente los métodos asamblearios de los anticapitalistas y demoniza sus políticas fiscales, pero, en hechos concretos, no existe fractura. Ambos avanzan para trabajar las leyes independentistas con sus más y sus menos. Todo ello, a pesar de que la CUP ratificó ayer que iban a presentar una enmienda a la totalidad sobre el proyecto de Presupuestos y que auguraran una larga negociación de destino incierto.
Una ley contra los desalojos
El Tribunal Constitucional admitió ayer a trámite el recurso del Gobierno contra la ley 24/2015, más conocida como ley antidesahucios. El Ejecutivo en funciones de Rajoy impugnó algunos puntos muy concretos, como el que obliga a los bancos a ceder pisos vacíos y renegociar la deuda de los desahuciados. Sáenz de Santamaría denunció que esta ley atenta contra la "igualdad de los españoles" y es un "conflicto de competencias".
Por otra parte, la Generalitat ya está buscando vías para sortear esta suspensión. La vía que se seguirá es la formulación de una nueva ley que tenga los mismos efectos, pero en diferentes términos. Una estrategia que ya siguieron con el 9-N o la Conselleria de Exteriores.
