El leve acercamiento que tuvieron Carles Puigdemont y Mariano Rajoy el pasado miércoles en Moncloa fue pura gesticulación. Todo sigue igual.
Aunque el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, anunció ese mismo día que se ampliaba el techo de déficit del 0,3% al 0,7%, y Rajoy dejó entrever que el Gobierno no recurriría la ley contra la pobreza energética en Cataluña, todo ha quedado en papel mojado. Si bien es cierto que la ley 24/2015 referente a la pobreza energética y emergencia habitacional sigue intacta, tres leyes aprobadas en el Parlament no han corrido la misma suerte.
El Gobierno en funciones ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) otras tres leyes catalanas, entre las que figura el impuesto sobre viviendas vacía, una de las primeras medidas de Puigdemont y que preveía sanciones de entre 850 y 1.650 euros anuales por piso vacío. La justificación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, es que se produce "una doble imposición" y que se entra en un "conflicto de competencias".
El ejecutivo impugnará la ley que establece un impuesto a las viviendas vacías porque ese hecho imponible ya está gravado en el actual sistema de financiación de las haciendas locales, que prevé recargos de hasta el 50 por ciento en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Un nuevo tributo sobre el mismo hecho, ha dicho, incurre en "vicio de inconstitucionalidad".
El Consejo de Ministros ha solicitado este viernes a su presidente, Mariano Rajoy, que impugne ante el Tribunal Constitucional tres leyes aprobadas por el Parlamento catalán, dos de ellas por un conflicto de competencias. Los recursos llevan aparejada la petición de que las leyes recurridas se suspendan cautelarmente si son admitidas a trámite.
Las otras dos leyes afectadas, recurridas porque el Gobierno central estima que invaden sus competencias, son la Ley 6/2015 relacionada con la actividad de los gobiernos locales y la Ley 17/2015 orientada a la igualdad efectiva de hombres y mujeres. Catalá ha remarcado que el Gobierno no tiene nada en contra del objetivo de la ley pero tanto él como sus órganos asesores consideran que invade competencias estatales.
Estas se suman a la larga lista de impugnaciones que ha hecho el gobierno contra las leyes autonómicas promovidas por el gobierno catalán, tales como el decreto de pobreza energética que tenía en su Código de Consumo o el impuesto que pretendía gravar la contaminación de nucleares y aerolíneas.
