"No hay ninguna razón en este momento para no confiar en que las partes lleguen a un acuerdo en plazo". El primer ministro de Portugal, Antonio Costa, daba así por hecho este fin de semana el entendimiento entre Caixabank e Isabel Dos Santos para resolver el problema en Angola de un BPI cuyo control podría quedar en manos de La Caixa gracias al acuerdo.
Al banco luso se le agotó ayer el plazo expedido por el Banco Central Europeo (BCE) hace meses para reducir su alta exposición al país africano, bajo riesgo de sufrir multas diarias de 160.000 euros u otro tipo de sanciones de incumplir el requerimiento del supervisor. A pesar de pender sobre BPI tal espada de Damocles, en Caixabank rehusaron confirmar el acuerdo anunciado por el político. Y es que, después de quince meses de encontronazos y desencuentros donde llevaron a declarar incluso la ruptura de un principio de acuerdo previo, el secreto y sigilo ha predominado en esta última fase negociadora.
Pero el pacto estaría listo según la prensa lusa y su anuncio podría tener lugar esta misma mañana a través de un hecho relevante a la CNMV portuguesa. Para su ejecución necesita, en todo caso, de los avales preceptivos: aprobación por parte del BCE y los supervisores involucrados -Angola, España y Portugal-, y posteriormente de las juntas de accionista de BPI.
La solución parece que sigue el guión filtrado meses atrás: la empresaria angoleña asumiría el control de la filial Banco de Fomento de Angola (BFA) y Caixabank quedaría en posición de adquirir el 18,6% de BPI que controla Santoro, la instrumental de la familia africana. Ahora bien, esta solución aboca la reedición de la Opa que el banco de La Caixa lanzó, sin éxito, el pasado año, al torpedearla Santoro precisamente.
El hecho que de deba formularla y la posibilidad de que queden algunos flecos por perfilar, junto a la necesidad de que el plan necesite autorizaciones de los supervisores, es susceptible que sea la razón de que aún no se haya confirmado el acuerdo y pasen algunos días hasta conocerlo al detalle, reflexionaba la prensa portuguesa.
Es difícil, en todo caso, que planteen a estas alturas una solución no sondeada previamente con los supervisores. Y un entendimiento de Caixabank y Santoro allana la aprobación por parte de su accionariado. La familia Dos Santos atesora el 18,6% de la entidad y Caixabank tiene otro 44,1% en su poder, si bien ninguno puede ejercer más del 20% del derecho de voto al encontrarse topado el peso político en estatutos.
Junta de accionistas
Angola se convirtió en un problema en diciembre de 2014 cuando el BCE no reconoció su equivalencia supervisora. En ese momento la exposición empezó a pesar como un lastre en el balance del BPI, impelido a acumular por ella mayor solvencia. Tiene 3.600 millones en deuda del país africano y 1.300 millones en el Banco de Angola, que exceden los 3.200 millones topes fijados por el BCE.
El problema alentó la Opa de La Caixa en febrero de 2015, frustrada por Dos Santos y donde buscaba rebasar el 50 por ciento del capital y retirar el blindaje estatutario para poder ejercer el control.
En los últimos meses hubo acercamiento, pero según la prensa lusa encalló por las pretensiones económicas de la familia angoleña. En los medios portugueses se ha apuntado la posibilidad de que acepten reducir o salir del capital del BPI para reforzarse en BCP.
En el caso de Caixabank lograr las riendas de BPI le dejaría en una posición aventajada para apoyarle en una eventual formulación de una oferta sobre Novo Banco.
