En el mes en el que se ha cumplido un año de la intervención de Banca Privada de Andorra (BPA), la actividad judicial alrededor del que fuera su antiguo consejero delegado, Juan Pablo Miquel Prats, no decae.
La justicia del principado ha admitido a trámite una querella presentada por la seguridad social de Andorra, la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), en la que denuncia que el antiguo consejero delegado del banco, en colaboración con otros socios, habría estado utilizando una empresa para desviar fondos desde BPA y pagar sobresueldos a ciertos empleados y a ellos mismos, que eran opacos para la seguridad social andorrana.
En la querella, a la que ha tenido acceso elEconomista, CASS explica que, según sus investigaciones, la sociedad con sede en Panamá y denominada LandStreet International, de la que Miguel Prats controlaba un 50%, recibía fondos desde Banca Privada de Andorra. LandStreet había firmado un contrato de gestión que le permitía, entre otras cosas, "a través de inversiones realizadas por clientes del banco cobrar comisiones y emolumentos", señala la querella.
Varios destinatarios
De acuerdo con este documento, estos ingresos se distribuían presuntamente de diversas formas. Por una parte, efectuaban pagos por cuenta de Banca Privada de Andorra (BPA) a determinadas personas que "parecían" exempleados de BPA, como jubilados, o liberados, por los que no cotizaban.
Por la otra, se abonaban comisiones o complementos de retribuciones a altos cargos BPA. En total, estos pagos superarían los cinco millones de euros y tampoco habían sido declarados a CASS, según figura en la querella. Por último, la tercera parte de los pagos se correspondían al desembolso de comisiones y retribuciones a los socios de LandStreet. Durante el periodo comprendido entre 2007 y 2015 estos pagos rozaron los 30 millones.
La demanda criminal especifica que, dado que Juan Pablo Miquel Prats controlaba un 50% de la sociedad, le correspondieron 14,73 millones de aquellos pagos. Sus dos socios, Javier Escoda Montal y Daniel García Trujillo recibieron, presuntamente, 10,3 y 4,4 millones durante el mismo periodo, que se corresponden con su peso relativo en la compañía panameña, a la que la seguridad social andorrana califica de "ficticia". Ninguno de los socios cotizó por estas cantidades ni tampoco lo hizo BPA.
Además, CASS advierte en de otro presunto fraude del ex consejero delegado de BPA y de su socio Carles Monreal Pujal, a través de otra sociedad anónima, denominada Principat Holding. Esta sociedad patrimonial "que no tiene prácticamente actividad efectiva", emitió determinadas facturas a BPA por la asistencia de Miquel Prats a ciertas reuniones. Incluso, según recoge la denuncia, en una ocasión por la presencia del "Sr. Higini Cierco".
La familia Cierco, los principales accionistas de BPA hasta su intervención, están peleando contra el gobierno de Andorra por su entrada en la entidad y recientemente han denunciado que ha aplicado criterios "más severos" que los que existe en la legislación andorrana en su auditoría del banco.
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