Cataluña sigue su camino hacia "la desconexión". Y aunque en algunos ámbitos parece actuar con contradicciones, en otras se ve claramente como sigue la hoja de ruta que aprobó el Parlament el pasado 9 de noviembre. Uno de los ejemplos más flagrantes se ha producido hoy, con la aprobación de un decreto que regula el contenido de las pruebas de acceso para optar a trabajar en la futura Hacienda Catalana.
El decreto de régimen personal no esconde que esta ley, no tiene otro objetivo que "facilitar la movilidad interna en la Administración catalana". Esto se debe a una estrategia para esquivar una decisión del Tribunal Constitucional (TC), que en noviembre anuló el artículo de la Agencia Tributaria Catalana referente a la "integración voluntaria en el cuerpo superior de inspectores tributarios de la Generalitat". El motivo de la suspensión fue que esto "vulnera" los derechos de los funcionarios del Estado a acceder a un puesto en la administración catalana.
De modo que, al no poder "reclutar", se recolocarán funcionarios que ya están trabajando dentro del sector público catalán. La intención de la Generalitat era duplicar el número de funcionarios de los 324, que actualmente tiene, a 600. Por ello, el decreto aprobado hoy también "pretende potenciar la promoción de funcionarios y captar nuevos, ante el incremento de plantilla" (esto sería posible cuando finalice la suspensión cautelar, de cuatro meses, y que si no hay reacción por parte del Constitucional, quedaría operativa de nuevo).
Desconexión contradictoria
Por otra parte, la "desconexión" deseada y promulgada por la Generalitat no es tan evidente en su acción. Aunque han aprobado el decreto referente a la Hacienda, también ha presentado un recurso de incosntitucionalidad contra el real decreto que regula la evaluación a la educación primaria por conflicto de competencias.
