Cataluña

Catalunya 'da un vuelco' a la política de vivienda social

  • El Ayuntamiento de Barcelona está negociando la cesión de 180 pisos con varias entidades financieras, y además ha hecho una solicitud para conseguir otro paquete de 1.400 viviendas para urgencias sociales

Catalunya se enfrenta a un reto social mayúsculo y que no figura como una de las prioridades de muchos partidos políticos en sus promesas electorales.

Es la segunda comunidad con más desahucios de todo el Estado y apenas tiene un dos por ciento de vivienda de alquiler social, frente al 18 por ciento de media que disponen los países de la Unión Europea. Esto, sumado a la grave crisis que ha precarizado las condiciones laborales y ha asestado un duro golpe a las clases medias y bajas, ha creado un escenario donde sólo en Catalunya se producen una media de 184 ejecuciones hipotecarias al día. Pero la misma comunidad, capitaneada en gran parte por su capital, Barcelona, y otras urbes, lideran un cambio en la mediación en este tipo de situaciones. Siempre desde el ámbito del municipalismo.

Aunque el problema de los desahucios no es únicamente catalán, evidentemente. España ya no es el país que era en 2007. Poco queda del milagro económico y de la quimera immobiliaria que vivió la economía española, y que con la crisis, despertó a propios y extraños del ensueño de un país de propietarios "que había vivido por encima de sus posibilidades", en palabras de la ministra de Empleo en funciones, Fátima Bañez.

Las piezas del dominó inmobiliario empezaron a caer en Estados Unidos con las subprime, lo que supuso el derrumbe de Lehmann Brothers. Pero en España, más que el sistema, se rompió el tablero de juego con el fin de la burbuja especulativa en la construcción, que al cierre de 2008 ponía el precio de una vivienda de tipo medio 6,5 veces por encima de la renta bruta disponible de un hogar medio.

Sólo en este entramado de hechos se entiende la situación actual. Sólo entre 2008 y 2014, en Catalunya fue la segunda comunidad donde se produjeron más desahucios, con 54.520 desalojos según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Esta oleada de ejecuciones hipotecarias sucede en un contexto donde más de 327.600 hogares tienen a todos sus miembros en paro, de las que 200.000 no perciben ningún tipo de ingreso, según datos del 2014 del Insituto de Estadística de Cataluña (Idescat).

De ahí surgieron iniciativas ciudadanas como la Plataforma Antidesahucios (PAH) para evitar los procedimientos de ejecución hipoteciaria o realojar a las familias desahuciadas en pisos vacíos de grandes tenedores de activos inmobiliarios, como entidades financieras o el banco malo, la Sareb. Otras asociaciones como Observatori DESC, fundaciones como Hàbitat 3, oenegés como Cáritas o la institución del Tercer Sector se han sumado para poner de su parte en estos casos de emergencia social, pero detectan un problema: la falta de vivienda de alquiler social, que representa un dos por ciento del total (unos 60.000 pisos), ante una media del 18 por ciento del que disponen los países de la Unión Europea.

Urgencia social versus negocio

El gran escollo para la cesión de estos activos tóxicos, es que la gestión de los stocks inmobiliarios propiedad de entidades financieras son uno de los negocios más jugosos para los fondos internacionales, uno de los ejemplos es el caso de la venta de 94.000 contratos hipotecarios por parte de Catalunya Caixa al fondo Blackstone con un descuento superior al 40 por ciento y aportaciones del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB). Estos negocios tienen un impacto directo en muchas familias, que todavía tienen contratos de propiedad de los que descubren que ha cambiado de manos y tienen que iniciar una nueva negociación.

Es por eso que las entidades financieras mantienen 47.031 pisos vacíos en Catalunya, un 60 por ciento están en municipios con mucha demanda y más de 15.000 están en condiciones de habitabilidad. Por ello, ante la falta de vivienda en el parque público, las principales entidades sociales como la del Tercer Sector o la propia PAH, coinciden en que "no es del todo necesario construir más, sino conseguir cesiones".

Catalunya tiene, en general, unos 22.000 pisos en propiedad, de los que 14.000 pertenecen a la Generalitat, 6.000 a los ayuntamientos y 2.000 a organizaciones del tercer sector. Según explicó el secretario de vivienda de la Generalitat, Carles Sala, "el parque público de la Generalitat cuenta con 920 pisos vacíos, menos del 5 por ciento del total". Del total de pisos públicos, hay unos 900 ocupados, de los que 220 están de forma irregular y 500 en proceso de adjudicaciones.

También hay un centenar en lugares donde no hay demanda como en las comarcas del Ebro o en el Pirineo, por lo que concluye "será muy difícil bajar de este cinco por ciento". En un informe reciente, el Tercer Sector cifra la necesidad mínima de incrementar ese parque público en 230.000 viviendas para atender las necesidades actuales. Para ampliar ese parque público, sobre todo a través de la cesión de pisos que ya están construidos, el portavoz de la PAH, Carlos Macías, asegura que en Catalunya existe un marco jurídico con más fondo "para hacer y deshacer".

Las principales bazas son la ley de Vivienda 2007 y la ILP aprobada en el Parlament sobre vivienda y pobreza energética. Ambas dan poder a la administración, sea local o regional, para sancionar a los bancos que tengan pisos vacíos como ya han hecho consistorios como los de Terrassa, Granollers, Santa Coloma o Girona (veáse columna).

Colau presiona a la banca para conseguir 1.400 pisos

El Ayuntamiento de Barcelona es uno de los que ha cambiado su postura frente a los desahucios con el traspaso de poder el pasado mayo. Aunque el gobierno de Xavier Trias (CiU) ya hizo un leve giro estableciendo conversaciones con grandes tenedores, se podía prever que habría muchos cambios con la entrada en la alcaldía de Ada Colau, ex líder de la PAH. Desde que Colau dirige el consistorio, Barcelona ha conseguido que la cesión de 200 pisos de la Sareb durante ocho años. De estos pisos, 100 se entregarán ocupados y otros 100 vacíos para casos de emergencia social.

El edil encargado de la cartera de vivienda, Josep Maria Montaner, afirma que "se procederá a una negociación con aquellas familias que estén alojadas de forma irregular y se procederá a pactar con ellos un alquiler social". Fuentes de la Sareb por su parte, afirman que dejan "toda la responsabilidad en el consistorio, aunque celebran que se haya establecido el primer acuerdo de cesión con un ayuntamiento de todo el Estado".

Pero tras esa cesión, Montaner afirma que la actividad sigue y que ya están negociando otros 180 pisos con CaixaBank, Santander, Sabadell, Bankia y BBVA, que se podrían cerrar en las próximas semanas. Aunque la apuesta fuerte se ha producido a través de los grupos de trabajo municipales que se han creado, donde participan conjuntamente actores sociales como la PAH y entidades financieras.

Los grandes tenedores de activos inmobiliarios tienen en Barcelona 2.421 viviendas. Por ello, el Ayuntamiento ha hecho una solicitud de cesión de 1.400 pisos a entidades bancarias, sobre las cuales aún se desconoce el calendario, pero que, a sabiendas de estos procesos, si estos bancos se negaran a cederlas, el consistorio podría recurrir a sanciones reiteradas a través de las leyes anteriormente citadas. Montaner reconoce que "hay bancos que prefieren seguir pagando antes que ceder los pisos".

El Ayuntamiento de Barcelona también ha comprado 150 pisos a través de la vía de derecho y tanteo, en los que ha invertido unos 9 millones de euros aproximadamente. También adelantan que unas de las promesas estrella de la campaña electoral, con el compromiso de casi doblar los 10.000 pisos que hay actualmente para el alquiler público, ya está en marcha. Esto significaría la incorporación de 8.000 pisos de alquiler social -la mitad a través de los ya edificados y la otra mitad de nueva construcción-. En su conjunto, esto significará inversión de 350 millones aproximadamente para edificar 4.000 viviendas de nueva construcción.

Actualmente, de esas viviendas que tienen que construirse, la mitad ya están en marcha en asociación con el Patronato Municipal de Vivienda, que están con el suelo adjudicado o pendientes de licencia. Lo único presupuestado son 110 millones para edificar 1.145 nuevos pisos en distritos como los de Sants-Montjuïc Sant Martí, Sant Andreu o Nou Barris entre 2016 y 2019. El resto, se está negociando su construcción "con operadores públicos o empresas privadas que acepten no más de un cinco por ciento de beneficio".

El coste de construcción de estos pisos será de unos 7.000 euros lo que significaría un desembolso de unos 14 millones de euros para las cuentas locales. Otro de los peligros es la inflación del precio del alquiler, que en Barcelona ya ha vuelto a niveles precrisis, con un aumento del 23 por ciento. El portavoz de la PAH, Carlos Macías, apuesta por regular los precios y marcar un tope, una propuesta que Montaner asegura, "están estudiando".

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