"No investiremos a Mas", era la respuesta que Antonio Baños, líder de la candidatura de extrema izquierda CUP, respondía hasta la saciedad durante la campaña electoral a la pregunta de si apoyarían la investidura del hasta ahora president.
Pero esa sentencia tan clara y sin limaduras parece que se está diluyendo poco a poco ante las exigencias de los sectores de Junts pel Sí, que exigen que se respete a Mas como presidenciable al haber ganado los comicios. El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, necesita del apoyo de la CUP para volver a ser reelegido, pero para ello, deberá cumplir una serie de condiciones sociales y económicas.
Los cuatro líderes de la candidatura: Antonio Baños, Anna Gabriel, Eulàlia Reguant y Josep Manel Busqueta supeditaron su apoyo a Junts pel Sí a una serie de limitaciones. Aunque no se aludió directamente a Mas en ningún momento, la más directa fue la número dos Anna Gabriel, que aseguró que "no importa el quién, sino el cuando y el cómo" refiriéndose a otra de las condiciones que es la ruptura "con el resto del Estado para pasar a un gobierno de transición a la República catalana". En cualquier caso, Gabriel no negó si investirán a Mas o no con la rotundidad que lo hacían durante la campaña, y zanjó este tema con que "el quién habrá que decidirlo después". De hecho, a las presiones externas se suma el desacuerdo interno que hay entre las bases de la propia formación asamblearia, ya que unos no verían mal investir a Mas otorgándole una presidencia simbólica con funciones limitadas (siguiendo la fórmula de una presidencia coral pero con Mas como cabeza visible), otros se oponen tajantemente y quieren buscar "una mujer independiente" y un reducto opta por convocar comicios de nuevo si no hay acuerdo.
Las líneas rojas de la CUP
Los "aspectos nucleares" para negociar con Junts pel Sí son diversos. En primer lugar, la formación de izquierdas pone como prioridad absoluta un "plan de emergencia para rescatar a los sectores más vulnerables de la sociedad", con más 39 medidas en un plan de choque social. En segundo, la CUP exige una revisión de las privatizaciones realizadas, con especial hincapié en la de Aigües Ter-Llobregat (ATLL). Una condición difícil de cumplir puesto que si se confirma la sentencia del TSJC, la Generalitat deberá devolver 1.000 millones de euros a Acciona (adjudicataria del concurso declarado nulo por el Tribunal) y, además, hacer frente a una indemnización.
Otras medidas que piden acometer y no menos difíciles de revertir son las privatizaciones y recortes en el sector sanitario, que llevan la firma del conseller Boi Ruiz, respaldado por Mas en todo momento, o la lanzadera privada del metro a la T1 del Aeropuerto. Medidas que Mas y Convergència no sólo deberán negociar con la CUP, sino con sus propios compañeros de candidatura como ERC.
