Hoy en el ámbito de los países desarrollados y principalmente en el nuestro, el gran peligro social y económico que se cierne sobre todos nosotros, es el paro. En España el 23 % de la población activa se encuentra sin trabajo. Este enorme sector de la población que tiene que alimentarse cada día, sanar de sus enfermedades, poseer una vivienda, educar a sus hijos, nuestra sociedad debe atender sus necesidades por solidaridad y por protección, ya que si no lo hace, podría provocar un estallido social.
La situación que vive nuestro mundo con la implantación de las nuevas tecnologías, las nuevas fuentes de energía que poco a poco sustituirán a las tradicionales, la masiva inmigración y la obsolescencia de muchos de los negocios y empresas actuales que no pueden o no saben adaptarse a las nuevas circunstancias, hacen irreversible esta situación ya que la generación de nuevos negocios y empresas es lenta, insegura y genera mucho empleo tecnológico y poco de mano de obra no cualificada.
Ante esta nueva etapa, los estados y los ciudadanos debemos meditar si nos conviene más satisfacer colectivamente todas las necesidades materiales, intelectuales y sanitarias de este 23% de nuestra población activa o bien crear instrumentos que generen empleo a largo plazo, calculando en ambos supuestos los costes económicos, sociales y humanitarios que supondría una u otra elección.
De todos es sabido que en los países europeos generan empleo las empresas y las administraciones públicas. Las empresas deben obtener beneficios cada año para mantenerse; y para expandirse precisan nuevo capital y nuevas expectativas de negocio, en caso contrario, no solamente no generan empleo sino que generan más paro a causa de los despidos. La Administración Pública, ya sea estatal, autonómica o local, precisa ajustarse a unos presupuestos y debe ser eficaz, por lo que no puede contratar nuevo personal si no es necesario para cumplir sus funciones.
La empresa privada de ningún modo puede generar empleo para estos cinco millones de parados, en general poco cualificados, que viven en nuestro país y tampoco la podemos obligar porque sería causa de su quiebra incorporar a nuevas personas sin que fueran necesarias. Tampoco hoy existen nuevos proyectos empresariales que precisen incorporaciones masivas de mano de obra.
Ante esta situación tan peligrosa, estable y poco esperanzadora, el único ente capaz de emplear grandes sumas de dinero a largo plazo y contratar masivamente a estas personas en paro, es el Estado en todos sus ámbitos. Al Estado es a quien le corresponde esta responsabilidad, ya que además, es quien soporta el gasto de mantener a este enorme sector social hoy parado y sin que pueda contribuir al bien común.
El dilema es decidir en qué emplear un determinado capital, importante y que precise de una enorme mano de obra, la mayoría de ella sin cualificar o poco cualificada.
Con posterioridad a la crisis del 29 del siglo pasado, muchos estados ocuparon los sectores que no podían desarrollar las empresas privadas, bien por carecer del capital suficiente, bien por las nulas expectativas de beneficio a corto o medio plazo. De este modo se consiguió emplear a muchas personas, intentar igualar a todos los sectores sociales y también intentar conseguir los mismos beneficios para los diferentes territorios que componían un estado.
Aquí y ahora me atrevo a lanzar una idea que estudiada y analizada con detalle podría convertirse en uno de los motores que hicieran disminuir el paro de un modo perceptible, a la vez que cumpliría otras funciones y objetivos beneficiosos para nuestra sociedad a largo plazo.
Se trataría de reforestar España mediante la creación de una empresa pública integrada por la Administración central y todas las autonomías. España es un país semidesértico, excepto el norte y noreste con su riqueza forestal abandonada, y las enormes extensiones dedicadas al cultivo de secano rinden muy poco o bien se hallan yermas. La casi totalidad de la tierra en nuestro país es de propiedad privada o comunal, es decir, posee un dueño y no es propiedad de todos, por lo que debería llegarse a acuerdos con los propietarios para dedicar estos terrenos a la plantación de árboles cuya madera o frutos fueran rentables a muy largo plazo.
El propietario de tierras, tanto agrícolas como forestales, en la práctica no percibe rentas o bien son muy bajas y estaría dispuesto a arrendar al Estado sus fincas a cambio de que sobre ellas se plantaran árboles que él no planta porque no percibe su rentabilidad o bien carece de capital para ello. Lo mismo ocurriría de tratarse de tierras comunales.
Esta entidad pública emplearía mano de obra cercana a las tierras a reforestar, mejoraría el medioambiente y generaría a largo plazo una riqueza hoy inexistente en España.
Podría establecerse un convenio entre propietario y Estado, en cuanto al reparto entre las dos partes de los beneficios que a largo plazo se obtengan. También podría abonarse una pequeña renta anual al propietario o municipio, si posee tierras comunales, durante el plazo que se tarde en obtener beneficios y a descontar estas cantidades anticipadas en forma de rentas, de aquellos. También los propietarios o Ayuntamientos, si lo desean, podrían pagar la inversión efectuada por la Administración sobre sus fincas a plazos y hacer suyos todos los beneficios que se obtengan.
Se trata solamente de una idea que si alguien la considera interesante podría estudiarse en profundidad.
