La independencia lo oculta todo. Esta ha sido durante los dos últimos años de gobierno la estrategia seguida por Artur Mas y su Ejecutivo. Problemas los mínimos, y si se producen son por culpa del Gobierno de Madrid y la escasez de financiación que recibe la Generalitat. Lee el reportaje completo gratuitamente en la Revista elEconomista Catalunya
Sin embargo, tras las elecciones del pasado 27 de septiembre, el nuevo Ejecutivo surgido de las urnas deberá hacer frente a una decena de problemas que ya no se pueden aplazar más y reclaman una solución urgente. Son las patatas calientes del nuevo Gobierno catalán.
1. El futuro de 'Barcelona World'
El pasado 1 de septiembre, a diez días del inicio de la campaña electoral, la Generalitat publicó en el DOG la aprobación de un plan director urbanístico que permite construir casinos en los mismos terrenos en los que en 2012 se empezó a plantear situar el recinto turístico BCN World. Durante la campaña, la CUP reclamó la paralización inmediata del proyecto para construir el complejo en los terrenos que posee La Caixa en los alrededores del parque de atracciones de Port Aventura, en Salou. El cabeza de lista de la CUP por Tarragona, Sergi Saladié, ha pedido que no se concedan más licencias de casinos porque "proyectos como este han roto el consenso que había en la zona sobre el modelo turístico".
Estas licencias concedidas por la Generalitat todavía se pueden parar y la CUP se ha comprometido a llevar el debate al Parlament. Allí Convergència sacó adelante el plan original con el apoyo del PSC y el voto en contra de ERC. Ahora, con la alianza de los independentistas bajo las siglas de Junts pel Sí este tema puede convertirse en una auténtica bomba de relojería en el seno de la coalición. El macroproyecto para crear un gran resort turístico con casinos en la Costa Daurada quedó en el aire tras la retirada de su impulsor, el grupo Veremonte, del promotor inmobiliario Enrique Bañuelos.
El conseller de Economía, Andreu Mas-Colell, ya ha advertido de que no consentirá que el proyecto quede reducido a su mínima expresión. "O hay una inversión muy considerable o no habrá proyecto", asegura el responsable de las finanzas catalanas.
2. El traslado de 3.000 funcionarios a la Zona Franca
La Generalitat prevé desplazar a entre 2.500 y 3.000 funcionarios catalanes al barrio de La Marina del Port de Barcelona, en la Zona Franca de Barcelona, a mediados de 2019. La administración catalana alquilará el nuevo inmueble a la empresa Zumaran Inversiones -filial de Axa Real Estate- durante un período de 20 años y con esa operación estima que ahorrará en rentas un mínimo de 40 millones de euros con respecto a la situación actual.
Las estrecheces presupuestarias de la Generalitat en los últimos años han llevado al Gobierno catalán a vender unos 40 edificios, la mayoría de ellos situados en el centro de Barcelona, para obtener ingresos, y en paralelo el Govern ha aprovechado para diseñar un plan que concentre en zonas más periféricas los departamentos de la Generalitat. El nuevo inmueble, de nueva construcción, tendrá unos 46.000 metros cuadrados de superficie de oficinas, con lo que será el más grande usado por la administración. Está previsto que la construcción del complejo se inicie a mediados de 2016 y que la entrega del inmueble se produzca a finales de 2018. Sin embargo, el mayor problema del traslado es la ausencia de transporte público.
El trazado de la nueva Línea 9 del metro pasa por debajo del Paseo de la Zona Franca, pero la Generalitat no dispone de fondos para poner en servicio esa parte del trazado. De hecho, la administración catalana ha preferido poner en funcionamiento el ramal de la Línea 9 que lleva el metro hasta el aeropuerto de El Prat. Las protestas vecinales y la presión que ejercerán los funcionarios en esta legislatura será otro frente para el Ejecutivo catalán.
3. La Línea 9 del Metro de Barcelona
La línea 9 del Metro de Barcelona es una línea de ferrocarril metropolitano subterráneo que actualmente sólo tiene nueve estaciones en funcionamiento. Cuando finalice su construcción, con 47,8 kilómetros de longitud, será la línea subterránea más larga de Europa.
Se trata de la inversión más grande que la Generalitat ha emprendido hasta el momento y se encuentra dentro del Plan director de Infraestructuras 2001-2010 aprobado en la etapa de gobierno de Jordi Pujol. El problema es que es también la obra más cara de la historia de Catalunya. Inicialmente se habían presupuestado 2.500 millones de euros y, sin embargo, el gasto final se ha disparado de forma alarmante y puede llegar a alcanzar los 16.600 millones de euros, casi el doble de lo que ha costado el AVE entre Barcelona y Madrid. El encarecimiento está ligado a aspectos técnicos como la mala planificación, los cambios en el trazado o el accidente en el barrio del Carmelo, en 2005.
Por otro lado, el esquema de financiación planteado no ha resultado ser el más eficiente: las constructoras empezaron aportando 3.000 millones a la obra y ahora cobran el canon que se les asignó como fórmula para compensar esa inversión. El canon se concede en concepto de la gestión de estaciones que, por los continuos retrasos en la Línea 9, se mantienen cerradas al no haber trenes en circulación. El año pasado, la Generalitat pagó 257 millones a cambio de la gestión de 28 estaciones fantasma.
4. Pagar la deuda de las farmacias
El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), organismo dependiente de la Generalitat, adeuda a las farmacias catalanas más de 236 millones tras un nuevo retraso.
El pasado 7 de septiembre la administración catalana tendría que haber hecho efectivo el pago de la factura de los medicamentos que los farmacéuticos catalanes dispensaron en julio pasado (121,5 millones de euros), y sin embargo, no recibieron la transferencia. De este modo, la deuda de la Generalitat con las farmacias asciende a más de 236 millones, ya que hay que sumarle la cuantía correspondiente a la factura de junio, que ascendía a 115 millones de euros. La media actual con la que la Generalitat está pagando es de 55 días respecto a la fecha de pago que marca el concierto -el día 5 de cada mes- y tres meses después de que se hayan dispensado los medicamentos en las farmacias.
Ante esta situación, los representantes de los farmacéuticos reclaman que se acabe con los retrasos que sufren desde hace cuatro años y que sea una prioridad para las administraciones cumplir con las obligaciones de pago en ámbitos de vital importancia como es el del acceso a los medicamentos.
5. Expira el 'contrato' con Renfe en diciembre
El conseller que tenga que estar al frente de la cartera de Territori i Sostenibilitat deberá negociar la renovación del contrato con Renfe para que siga siendo la operadora de Rodalies los próximos tres años. El actual contrato expira el 31 de diciembre de 2015.
El responsable tendrá una disquisición, ya que los requisitos que se pactaron en el acuerdo actual no se han cumplido. El último contrato lo firmó el actual conseller en funciones, Santi Vila, en 2013, con la intención de retomar contactos con Fomento tras el perfil beligerante que había mantenido su predecesor en el cargo Lluís Recoder que amenazó con cambiar de operador si seguían los numerosos problemas que sufre la red de Cercanías catalana.
De hecho el contrato presente no es ni un contrato como tal, sino una prórroga según indican fuentes internas de Convergència. La Generalitat es la titular del servicio de Rodalies Renfe desde 2009, pero no de las infraestructuras como vías y estaciones (Adif), ni de los trenes (Renfe). El contrato aún vigente se firmó bajo una serie de cláusulas y condiciones en relación a los problemas que pudieran haber en la red con la posibilidad de revocarlo en caso de que estos se repitiesen.
A pesar de los colapsos históricos en Renfe como el del pasado mayo a causa de un fallo del software o los reiterados retrasos e incidencias, éstos no parecen ser suficientes para que la Generalitat dé el paso para cambiar de operador y pasarse, como dejó caer Mas en una reunión con el primer ministro francés Manuel Valls, a la operadora gala SNCF.
6. El futuro del Gran Premio de España de Fórmula 1
En 2013, ante los enormes problemas financieros que atravesaba la Generalitat, el Circuit de Catalunya, que acoge en Montmeló el Gran Premio de España de Fórmula 1 desde 1991, firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona. A raíz de esa unión, el trazado pasó a llamarse Circuit de Barcelona-Catalunya, y la Ciudad Condal comenzó a dar apoyo económico al trazado catalán.
El pasado 8 de mayo, se anunció que el Circuit renovaba su presencia en el calendario de Fórmula 1 hasta 2019. Sin embargo, tras la llegada de Ada Colau a la alcadía de Barcelona, el circuito puede perder parte de su nombre y de su subvención. De hecho, 4.500 becas comedor que se han quedado sin atender en el último año tienen el mismo importe anual que la Fórmula 1. La alcaldesa se pregunta "¿Qué es prioridad, garantizar las becas comedor por 4,5 millones anuales o destinar 4 millones a la Fórmula 1?".
Si finalmente se retira la subvención que da Barcelona, el futuro del Gran Premio de España de Fórmula 1 quedará en manos de la Generalitat, el Ayuntamiento de Montmeló y el RACC -Real Automóvil Club de Catalunya-, que son las otras tres instituciones que financian el Circuit.
7. Sanidad pública recortada y pagos aplazados
La sanidad pública catalana ha sufrido un tsunami tras la gestión del conseller Boi Ruiz durante los últimos cuatro años -ver página 26 de esta revista-. Los recortes han supuesto un ajuste de más del 14 por ciento sobre el presupuesto del CatSalut en cinco años.
A esto se le suma la pérdida de 5.810 profesionales sanitarios -más de 1.000 médicos- que han sobrecargado la ya colapsada red sanitaria catalana o el cierre de 775 camas, Centros de Atención Primaria, Puntos de Atención Continuada y la derivación de pacientes de la sanidad pública a la privada.
La polémica con el Caso Innova, que ha destapado la presunta corrupción e irregularidades del holding sanitario de Reus, o el desmembramiento del Institut Català de Salut, en consorcios como el de Lleida con la posibilidad de que empresas privadas puedan gestionar recursos públicos, han hecho que muchas plataformas ciudadanas hayan puesto el grito en el cielo. Boi Ruiz no seguirá en el cargo y el nuevo conseller deberá ir con pies de plomo con el proceso encubierto de privatización, puesto que tendrá sobre él la lupa de la ciudadanía y oposición al más mínimo gesto que haga.
Para agravar más la situación sanitaria en Catalunya, la semana pasada la Generalitat anunció que los hospitales concertados no cobrarán las facturas del mes de septiembre.
8. El desdoblamiento de la Nacional 340
El goteo de víctimas mortales en uno de los puntos negros de la red viaria catalana, la N-340, ha reactivado la indignación latente en las Terres de l'Ebre (Tarragona) por la falta de reacción de la Administración central. La construcción de la Autovía A-7 está pendiente desde hace décadas y no hay planes de ponerla en marcha.
El pasado mes de julio, el Parlament de Catalunya aprobó una propuesta de resolución de ICV que exigía la gratuidad de la autopista AP-7, paralela a la N-340, mientras la autovía no sea una realidad. La Generalitat deberá negociar con el Ministerio de Fomento.
9. Abonar la paga de Navidad y cumplir el déficit
La Generalitat decidió recuperar las pagas extra de los funcionarios catalanes en los presupuestos de 2015, una medida que afecta a 210.000 funcionarios y a más de 6.500 trabajadores interinos. Para hacer frente a esta decisión, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, fijó una partida de 607 millones de euros.
Sin embargo, el Ejecutivo catalán no ha obtenido los ingresos previstos por privatizaciones y transferencias del Estado, por lo que la cifra de déficit público a final de año será mucho mayor de lo previsto. El presidente en funciones, Artur Mas, ya lo ha advertido: "a mí la palabra desobediencia no me gusta especialmente, pero cada año incumplimos la previsión de déficit del Estado". El déficit de Catalunya presupuestado para 2015 es del 0,7 por ciento y, muy probablemente, al final superará el 2 por ciento.
10. La privatización de Aigües Ter-Llobregat
Sin duda se trata del mayor marrón que se encontrará el futuro Ejecutivo catalán. El pasado 23 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) declaró nulo todo el procedimiento llevado a cabo por la Generalitat en 2012 para adjudicar la gestión de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
El origen de la batalla judicial es la privatización de la gestión de la empresa Aigües Ter-Llobregat, que la Generalitat llevó a cabo el 6 de noviembre de 2012, días antes de las penúltimas elecciones autonómicas, y que supuso la mayor privatización de la historia de Catalunya. La Generalitat, necesitada de fondos para reducir el déficit público de 2012, sacó a concurso la gestión de esta empresa pública que presta el servicio de abastecimiento de agua "en alta".
Al proceso se presentaron dos ofertas, la liderada por Acciona y la encabezada por Agbar, y el Govern valoró con más puntos la opción de Acciona y acabó adjudicando la gestión durante 50 años de ATLL a un consorcio liderado por Acciona junto al banco de inversión brasileño BTG Pactual, ambos con un 39 por ciento, y en el cual también participaban las familias Rodés y Godia-Torreblanca. Poco después de conocer la adjudicación, Agbar llevó el caso ante el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Generalitat de Cataluña (OARCC), que, el 2 de enero de 2013, dio la razón a Agbar y resolvió excluir a Acciona del procedimiento.
A partir de ahí, se desencadenó un rosario de recursos y de peticiones de medidas cautelares de todo tipo ante diversas instancias entre las partes implicadas en el proceso. Acciona y BTG Pactual han denunciado la situación de "incertidumbre jurídica y económica" y han avanzado que analizarán todas las acciones legales posibles para defender sus derechos e intereses, "incluyendo el resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados".
Si el Tribunal Supremo confirma la sentencia del TSJC, la Generalitat deberá devolver 1.000 millones de euros a Acciona y, además, hacer frente a una indemnización.
