La fuerte división que vive la sociedad catalana frente al proceso soberanista que lidera Artur Mas ha llegado finalmente a los empresarios. Ante la inminencia de las elecciones autonómicas del 27 de septiembre, las diferentes organizaciones patronales se han visto obligadas a posicionarse respecto a las tesis independentistas que se defienden desde la Generalitat, aunque en las declaraciones, comunicados y pronunciamientos de todas ellas, de los bancos y de las grandes empresas hay un denominador común: la demanda al Gobierno y la Generalitat de Cataluña a iniciar un diálogo urgente, dentro de la legalidad, para definir el encaje de Cataluña en el conjunto de España.
Desde el Gobierno catalán se ha exigido aclarar si determinada organización empresarial está a favor o en contra de la independencia. Sin embargo, las ganas de la clase empresarial de estar a bien con el poder vigente (sea el que sea) ha impedido que muchas organizaciones hagan un pronunciamiento claro y muchas veces sus manifiestos reflejan la división interna y son apenas un intento de evitar que la propia patronal se parta por la mitad. Es el caso del último comunicado del Círculo de Economía donde se reflejan las fuertes tensiones entre dos bandos personificados en su presidente, el catedrático Antón Costas, y su vicepresidente, el empresario Artur Carrulla (vicepresidente de Agrolimen y del diario de corte soberanista Ara). El acuerdo in extremis quedó reflejado en un documento que se pronuncia contra la declaración unilateral de independencia por un lado a la vez que exige al Gobierno central que autorice un referéndum en caso de que el 27-S ganen los soberanistas.
Además de la indefinición, otra de las críticas que se hacen a las diferentes organizaciones empresariales es que han tardado mucho en hacerlo. El propio Círculo de Economía no se ha pronunciado hasta esta semana (ya en plena campaña electoral) y otra de las grandes patronales catalanas, la Cámara de Comercio de Barcelona todavía no lo ha hecho. Su presidente, Miquel Valls, ha vivido un proceso evolutivo que le ha llevado del claro apoyo al denominado derecho a decidir a una posición contraria a la independencia de Cataluña.
Pese a la metamórfosis de Valls, la Cámara de Comercio de Barcelona no ha mutado en el mismo sentido y todavía la semana pasada esta organización aparecía como firmante del Manifest del Far (Manifiesto de el Faro), una declaración de varias patronales catalanas lideradas por Pimec y Cecot, mucho más cercanas a los postulados soberanistas. Ante esta dualidad, no es previsible que la Cámara de Barcelona realice ningún pronunciamiento antes del próximo 27-S.
Tarde y horrorizados
La única patronal que desde el principio ha estado a favor de la negociación de un pacto fiscal con el Estado y contra la independencia ha sido Foment del Treball. La organización empresarial que reúne a las grandes empresas catalanas y que preside Joaquim Gay de Montellá no ha modificado su opinión, pese a las fuertes presiones que ha realizado la Generalitat.
Precisamente, Foment se adelantó a su matriz nacional CEOE en emitir un pronunciamiento oficial en contra de la independencia y en favor del respeto a la legalidad. Un comunicado que sirvió para acabar con la ambigüedad que durante este más de un año de desafío soberanista mantuvo el presidente de la patronal, Juan Rosell, también catalán y cuya indefinición le ha granjeado duras críticas internas".
Un "nadar y guardar la ropa", como afirmaba un destacado dirigente de Foment, que contrasta con la firmeza del presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, presidente también de Freixenet y de la Fira de Barcelona, que desde el primer momento ha denunciado las graves consecuencias que tendría la ruptura para Cataluña y se ha pronunciado contra la secesión.
"La independencia sería un desastre para Cataluña, para España y para Europa", ha defendido siempre Bonet, mientras llamaba al diálogo a las partes, aún a costa de haber sufrido amenazas y descalificaciones personales, intentos de boicot en sus empresas y la marca de cava que es emblema de Cataluña en los mercados internacionales.
Tarde y en compañía de Bonet dio la cara Rosell, al firmar conjuntamente una carta en La Vanguardia el pasado día 7 de este mes, en la que advertían de que advierten que una Cataluña independiente tendría una menor actividad económica, menos empleo y "peores condiciones de vida".
Dos días después, la patronal española y su filial Cepyme emitían un comunicado ante las elecciones al Parlamento de Cataluña en el que se alertaba de las "muy graves consecuencias" que la secesión tendría para la economía, las empresas y el bienestar de los ciudadanos y se reiteraba el llamamiento al diálogo. Pero el documento llegaba tarde y carente de un pronunciamiento firme contra la independencia.
Mas contundente ha sido la patronal madrileña CEIM quien asegura que la separación de Cataluña "sería una tragedia para las empresas", mientras su presidente, Juan Pablo Lázaro, también vicepresidente primero de la CEOE, se sumaba al llamamiento al diálogo aunque especificando que siempre "dentro de los márgenes que permite nuestro ordenamiento jurídico" y advirtiendo que "ese esfuerzo no debe provocar diferencias o privilegios a costa de unos españoles respecto a otros como consecuencia de negociaciones para evitar procesos secesionistas".
Diálogo "lo antes posible", reclamaba también ayer el presidente del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, quien presentaba en Madrid su declaración institucional de esta organización ante el 27-S, y en la que pedía a los ciudadanos catalanes el voto contra la independencia.
"Apelamos al buen sentido de la ciudadanía catalana para que evite con su voto emprender un camino de difícil retorno, pues rompería lazos sociales y relaciones económicas que han mostrado con reiteración su utilidad y su beneficio", afirma la declaración del Círculo en la que se pide también a los catalanes que exijan a sus representantes "que eviten promesas e imposiciones imposibles de cumplir, y retomen el espíritu de diálogo y de concordia que permita alcanzar el consenso necesario para una eventual reforma de las leyes.
Tras recordar que "la actividad económica necesita, como requisito básico para contribuir al bienestar social, de seguridad jurídica, y ésta, a su vez, se asienta sobre el respeto a la Ley y el Estado de Derecho", Vega de Seoane aseguraba que los empresarios catalanes tienen "miedo" y están "horrorizados" ante una posible independencia.
Admitía, no obstante que los empresarios de Cataluña han realizado pronunciamientos "un poco tardíos", aunque le consta que ha habido "movimientos tempranos por debajo de las mesas" para tratar de reconducir la situación, tanto por parte de empresas particulares importantes, como de instituciones empresariales.
