Con amplísimo apoyo, el Parlament ha aprobado la Ley de formación y cualificación profesionales de Cataluña. Se cumple así el acuerdo de gobernabilidad, suscrito en diciembre de 2012. ¿Cuáles son las razones profundas que explican la necesidad de crear un nuevo marco legal sobre la formación profesional? Y ¿qué novedades aporta la nueva Ley?
La respuesta a la primera pregunta alude a la necesidad de garantizar las oportunidades de formación y promoción profesional a lo largo de la vida en el nuevo escenario. El modelo de crecimiento que presidió el ciclo expansivo que termina en 2007 no es repetible. Para el nuevo ciclo que se vislumbra necesitamos otros sectores tractores de la economía. La industria, en sentido amplio, debe erigirse en el motor principal para los próximos años. Una industria con innovación, exportación y sostenibilidad medioambiental. Una industria así requiere altas dosis formación, profesionalidad y talento, condiciones que también requieren otros sectores llamados coliderar el nuevo ciclo, como el turismo, la cultura, el comercio o los servicios a las personas en general. La formación ha devenido en una salvaguarda de nuestro futuro colectivo.
Después de los años de recesión, lo que se le exige y lo que se espera de la formación ha cambiado. Cuando enfilamos la postcrisis, se ha instalado un nuevo paradigma que se puede resumir en seis postulados. Uno: sin formación no hay empleo de calidad. Hasta 2008, muchos jóvenes creían que, para encontrar empleo, sólo había que abandonar el sistema educativo. La abundancia de ofertas de trabajo no cualificado haría el resto. Hoy, en cambio, queda claro que sin formación no hay buen empleo. Ni nuestro tejido productivo es intensivo en trabajos manipulativas, ni competimos en el segmento de países que obtienen la ventaja decisiva en el bajo costo de mano de obra. Hoy se necesitan trabajadores capaces de actuar en entornos complejos. Ya no se puede combatir eficazmente el paro con cursos de corta duración. Una formación robusta es condición para una inserción sostenible. Dos: el abandono prematuro se ha convertido en una conducta inapropiada. Antes de la crisis, el abandono prematuro era recompensado con una inserción laboral que, pese a ser precaria, era rápida y bastante lucrativa para jóvenes que no tenían en su agenda una emancipación inmediata. Hoy la buena ocupación es para los que disponen de formación especializada. Tres: En un mercado laboral aún deficitario en ofertas laborales, la formación no siempre garantiza la inserción. Es condición necesaria, pero no suficiente. Hasta hace unos años, se presumía que quien tiene formación tendrá trabajo rápidamente. Hoy sabemos que esto no siempre se cumple. Además de formación, hay otros atributos para alcanzar un buen nivel de empleabilidad. Formación, actitudes y experiencia son la mejor combinación. Pero ¿cómo facilitar experiencia a los jóvenes que aún no han alcanzado la primera inserción? Cuatro: los procesos formativos irán cada vez más estrechamente vinculados a las prácticas en empresas y entornos reales de trabajo. No se puede aprender un deporte, o un arte, sin practicarlo. Tampoco una profesión. En la formación profesional, también en la universidad, las prácticas formativas ganan valor. Cinco: Los cambios en el sistema productivo pueden obligar a redefinir la carrera laboral a cualquier edad. Por ello, cada vez hay más personas adultas que acuden a la formación inicial para reorientar su carrera profesional. En Cataluña, una cuarta parte de los usuarios de la FP del sistema educativo ya no son jóvenes en continuidad formativa, sino adultos que necesitan reentrar en el mercado laboral por otra puerta. Y seis: la formación permanente conviene
desde el minuto uno del ingreso en el trabajo. No se trata sólo de combatir la caducidad de la formación, sino de obtener formación específica para las exigencias técnicas y organizativas de cada puesto concreto. Cada vez más, la vida laboral será concebida como una dialéctica entre trabajo y formación, que nos permite evolucionar conjuntamente con el puesto de trabajo.
El cambio de paradigma interpela los esquemas clásicos de la formación profesional. Con un país que se adentra en la sociedad del conocimiento, no se puede seguir haciendo las cosas de la misma manera. No, especialmente, en la formación profesional, que es un factor decisivo para nuestro posicionamiento global.
¿Qué aporta la Ley? Reconoce derechos, organiza los servicios y la red de proveedores, reestructura los órganos de gobierno y de participación, y crea un sistema integrado. Hasta ahora, en el universo de la formación profesional, ha habido dos constelaciones separadas: la del sistema educativo, con los títulos y programas que imparten los centros docentes, y la del ámbito laboral, con los certificados y especialidades que imparten los centros dependientes del SOC. La Ley supera esta escisión e integra los servicios básicos. Los servicios integrados de información y orientación, podrán guiar a los usuarios contando con todas las posibilidades del sistema, no sólo de una de sus mitades. Los servicios de formación responderán a la prospección conjunta de necesidades sectoriales y se impartirán en una red que incluye centros de FP integrada. La Ley consagra la formación dual. Da garantía de reconocimiento de las equivalencias entre los títulos profesionales del sistema educativo y los certificados de la formación laboral. Crea un servicio regular y estable de reconocimiento oficial de la experiencia laboral, que valida las competencias profesionales logradas en el lugar de trabajo y que sirve de estímulo para completarlas cursando formación adicional. Prevé un registro integrado de las competencias profesionales adquiridas por formación o por experiencia laboral, lo que vendrá a modernizar y simplificar la orientación y la certificación.
Además, la Ley prevé los órganos de gobierno y participación. Se crea una Comisión Rectora, compuesta por representantes del Gobierno, los agentes sociales y la administración local, con posible participación de las cámaras, y que ejercerá funciones de planificación estratégica y evaluación del sistema. Una Agencia Pública recogerá los criterios que emanen de la Comisión Rectora y gestionará las políticas de integración de la formación profesional. Un Consejo consultivo, no vinculante, canalizará las recomendaciones de los interlocutores sociales (sindicatos y patronales), los territorios (administración local y cámaras) y los centros de formación y garantizará la permeabilidad y mejora del sistema. Todo ello en un marco que fomenta la innovación, la internacionalización así como la calidad y evaluación del sistema. La Ley articula, pues, un auténtico sistema integrado de formación y cualificación profesionales.
La formación es un elemento de progreso y riqueza de los pueblos. Cataluña, con amplísimo consenso parlamentario, se ha dotado de un sistema integrado, moderno, participativo de formación profesional llamado a interactuar positivamente con la reactivación económica y nos permitirá avanzar en la sociedad del conocimiento, con mejor empleo, más productividad y mayor bienestar.
Melcior Arcarons es director general de Formació Professional de la Generalitat de Catalunya
