Convergència (CDC) y ERC comparten lista electoral para lograr la independencia y se han puesto de acuerdo para, en caso de ganar las elecciones, crear un gobierno de coalición en el que Artur Mas sería el presidente y Oriol Junqueras el vicepresidente. Además, en ese hipotético ejecutivo, Convergència contaría con el 60 por ciento de las consejerías y los republicanos el 40 por ciento restante. Sin embargo, el pacto de gobierno no establece si esa proporción debe mantenerse en las empresas públicas que dependen de la Generalitat.
Ante esa incertidumbre, CDC movió ayer los hilos para evitar que el partido de Junqueras pueda meter el pie en una de las empresas públicas más significativas y estratégicas: el Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Aunque desde el sector nacionalista se define al ICF como el ?banco público catalán?, lo cierto es que es un organismo que no tiene ficha bancaria y que lleva años pidiéndosela al Banco de España, que siempre le ha dado largas.
Actualmente, el consejo de administración del ICF está formado por 14 miembros de los que 11 son representantes directos del gobierno catalán (incluido el consejero delegado) y sólo tres son independientes. Ayer, por la vía urgente, la Generalitat aprobó un Decreto Ley para modificar la ley que rige al ICF y someter a la entidad ?a la normativa europea para las entidades financieras y se refuerza su independencia respecto a la administración de la Generalitat de Cataluña de acuerdo con los requerimientos de los reguladores europeos?.
Según explicó ayer el consejero delegado del ICF, Josep Ramon Sanromà, la modificación legal aprobada afecta básicamente a la configuración del consejo de administración que pasará a estar formado mayoritariamente por independientes. En concreto, ?tendrá 11 consejeros, de los que seis serán empresarios independientes y cinco, incluido el ejecutivo, nombrados por la Generalitat?. Sin embargo, el ejecutivo autonómico, accionista al cien por cien del ICF, tiene la última palabra sobre el nombramiento de los consejeros independientes que tendrán un mandato de entre cuatro y cinco años.
Ante este hecho, la entidad ha iniciado las entrevistas entre los candidatos a ser consejos del ICF y el objetivo es presentar una propuesta a la Generalitat para que la apruebe por vía urgente en la reunión del consejo ejecutivo del mes de agosto o en la primera reunión tras las vacaciones. De esta forma, CDC se asegurará la afinidad de los nuevos consejeros independientes sin interferencias de ERC.
Sobre la necesidad de que el Parlament tuviera que validar el Decreto Ley aprobado ayer por la Generalitat antes de llevarlo a cabo, Sanromà aseguró que los servicios jurídicos ?han valido que se realice una transposición del mismo por vía urgente?.
?Pseudo? estructura de Estado
Aunque ayer la Generalitat vendió el mensaje de que cambiaba la normativa para convertir el Instituto de Finanzas en un banco público, lo cierto es que eso no es así. Sanromà, ex directivo de Deustche Bank, dejó claro que el cambio legal lo que permite a la entidad es estar ?preparada? para cuando la ley europea de gobernanza de los bancos públicos esté acabada.
En sus explicaciones, Sanromà destacó que el ICF no figura en la lista de estructuras de estado del Libro Blanco de la Independencia encargado por Artur Mas.
