Entra en vigor la ley de Formación y Calificación Profesional para conseguir una Formación Profesional más dual, con mayor protegonismo de las empresas y una mayor canditad de alumnos Lee reportaje completo de forma gratuita en la Revista elEconomista Catalunya
El estigma que el sistema educativo catalán tiene que soportar es el desmesurado excedente de universitarios que cada año se gradúan en las diferentes universidades y que no encuentran un puesto de trabajo adecuado a su preparación. Este hecho, sumado al alarmante paro juvenil que roza el 50 por ciento es una losa demasiado pesada que revela una situación más que preocupante. Por el contrario, la comunidad empresarial clama al cielo al asegurar que no encuentra los perfiles que necesitan, ya que la oferta formativa no se adapta a la demanda laboral. Una de las soluciones alternativas a la vía universitaria es la Formación Profesional, un camino con poco prestigio en España, situación muy distinta a la que vive en países como Alemania o Austria donde sirve como vivero. Un modelo que ha demostrado su atractivo ya que permite adquirir experiencia, cobrar un sueldo y seguir estudiando a la vez.
El mundo empresarial lo lleva repitiendo hasta la saciedad durante los últimos años: "hay que potenciar la Formación Profesional", una reivindicación que prácticamente caía en saco roto por parte de las altas instancias gubernamentales. De hecho, el porcentaje que España destina a la educación, el 4,3 por ciento del PIB, está por debajo de la media europea que está situada en un 5,25 por ciento, según Eurostat.
Aunque Catalunya es una de las siete comunidades que ha reducido su gasto en educación (un 3,2 por ciento menos), la Generalitat se ha puesto manos a la obra para responder a este reclamo y el pasado 5 de junio aprobó la ley de formación y calificación profesional. Esta ley integra la formación profesional inicial (destinada más a estudiantes) y la ocupacional (para parados) en el sistema educativo y reunirá a ambas en los mismos centros. Los objetivos que se persiguen giran entorno a tres ejes: incrementar el empleo, acreditar habilidades de trabajadores con experiencia pero sin título que lo demuestre y dar un futuro a todos aquellos jóvenes que no encuentren en la vía universitaria su camino. El plazo para implantarla, tres años.
Duplicar el número de estudiantes con menos recursos
El horizonte que se fija la Generalitat a diez años es más que ambicioso ya que prevé pasar de los 236.277 alumnos actuales que cursan cualquier curso de FP a 476.957 estudiantes en el curso 2025-2026. El reto es mayúsculo puesto que el presupuesto en esta partida se ha reducido un 57 por ciento en los últimos nueve años (de 4,6 millones de euros a apenas 2 millones). Hay dos órganos sobre las que se sustenta la Formación Profesional en Catalunya : el Consejo catalán de FP (órgano consultivo que componen entidades empresariales para su mejora) y el Instituto Catalán de Calificación Profesional (se encarga de adecuar las titulaciones con la formación entre muchas otras tareas). De estas dos instituciones derivan el Plan General de FP (que formula las actuaciones y objetivos del sistema educativo) y los programas de calificación profesional. Todas estas instituciones tienen un 44 por ciento menos de recursos que en 2006. La solución que pondrá en marcha la Generalitat de Catalunya es la creación de una Agencia Pública de Formación y Calificación gestionada por una comisión rectora encargada de detectar las necesidades.
¿Qué novedad supone la creación de esta agencia? Será el punto de encuentro entre los dos departamentos encargados de reducir el grave desempleo juvenil en Catalunya (49,5 por ciento entre los jóvenes de entre 16 y 24 años según la última EPA). Esos departamentos son el de Empresa i Ocupació y el de Ensenyament, que a través de la Agencia y de una comisión rectora encargada de detectar necesidades y carencias, actuarán codo con codo para adecuar la Formación Profesional al mercado laboral a través de una preparación dual con horas en el aula y prácticas en empresas. Puesto que la Agencia está en contacto con el Consell de Formació, en las que los entes empresariales del territorio tienen presencia, el objetivo es conseguir una oferta formativa lo más similar y próxima a lo que el estudiante se encontrará cuando acabe sus estudios. Esta agencia también se encargará de titular a aquellos que tengan unas habilidades, pero no dispongan de una documento oficial que los acredite.
Las empresas toman el mando de la formación
Muchas empresas capitales en Catalunya aquejan la dificultad que tienen para encontrar los perfiles que demandan pese a la elevada tasa de paro. Un ejemplo es la textil Mango, que alerta del déficit de la oferta formativa actual para patronistas. Según explica el jefe de organización y desarrollo de Mango, la actual FP "sigue con contenidos y enseñanzas más tradicionales y manuales, cuando lo que se necesitan son patronistas que apliquen sus conocimientos en la tecnología y a través de ordenadores".
El director de operaciones SM&B de Manpower, Carles Pitart, valora positivamente la ley ya que considera que se podrá hacer frente a las "tensiones" que puede sufrir el mercado laboral catalán cuando se necesiten trabajadores de un perfil técnico determinado. Es el caso que ha seguido Agbar (Aguas de Barcelona) que ha puesto en marcha un nuevo título centrado en su especialidad en colaboración con un instituto de Tarragona donde la oferta formativa se confecciona entre el centro y la empresa. La voz de las empresas para incidir en los cambios de la oferta formativa puede ser de forma directa a través de las propias prácticas que se hagan en el centro de trabajo o mediante organizaciones representativas como cámaras de comercio o patronales que ganan peso en la nueva ley. Otras empresas como Basf, Guissona o Repsol también forman parte de este sistema que incentiva la Formación Profesional dual.
Las cifras avalan la FP, nueve meses después de acabar los estudios un 41 por ciento tiene trabajo, un 42 por ciento sigue estudiando y sólo se registra un 15 por ciento de paro. Un porcentaje que contrasta con el 50 por ciento de paro juvenil. Voces críticas como apuntan desde Comisiones Obreras, explican que la ley "se queda a medio camino del objetivo", ya que se ciñe demasiado al ámbito educativo, cuando el verdadero escenario de aprendizaje no deber ser el aula, sino la propia empresa.
