La Generalitat de Cataluña ha cifrado lo que costaría anular el contrato de Aigües Ter-Llobregat (ATLL) del que Acciona era adjudicataria, tal como el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ordenó en una sentencia el pasado mes de junio. Aunque en lo judicial esta resolución no es definitiva, ya que el caso ha pasado al Tribunal Supremo, en caso de que el contrato se anulara la Generalitat tendría que pagar 326 millones de euros a Acciona y su socio financiero BTG Pactual.
El conseller de Economía de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, aseguró ayer que si finalmente se aplica la resolución del TSJC, el govern "abriría un nuevo proceso de alegaciones judiciales pues era un negocio en funcionamiento con unos cánones ya pagados y que ha generado sus retornos".
Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo -al que la Generalitat ya presentó recurso la semana pasada- que deberá decidir si dar validez al contrato actual y que la gestión de ATLL siga en manos de Acciona durante los próximos 50 años a razón de 996 millones. Si el Alto Tribunal da la razón a la Generalitat, las pretensiones de Aigües de Barcelona (Agbar) de hacerse con el contrato quedarían en jaque. Agbar aqueja que el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales catalán (OARC) alertó que Acciona no cumplía las condiciones de la concesión, pese a que en un principio diera luz verde.
Por otra parte, la actividad de Acciona Agua sigue su curso y ha resultado adjudicataria del contrato para la explotación, conservación y mantenimiento de la planta de tratamiento térmico eficiente de fangos de la depuradora de Rubí, dependiente de la Agencia Catalana del Agua (ACA).
Es la segunda vez que Acciona se adjudica este contrato de operación y mantenimiento en los últimos cinco años. El servicio se inició el 1 de julio y durará un año prorrogable a otro más.
